“El drama de la vivienda, herencia del capitalismo, no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a resolver con socialismo y más socialismo”, afirmaba en 2011 el presidente venezolano Hugo Chávez. El temporal del año anterior había causado estragos entre los sectores más pobres de la población, y el dictador había identificado la oportunidad de inmediato.
“Más allá de la cantidad de viviendas, se trata de la calidad. De un nuevo hábitat, de una nueva vida. Vivir-viviendo. Para eso nació la Misión, la Gran Misión Vivienda Venezuela”, señaló el mandatario al anunciar la que sería una de las banderas más importantes de su gobierno y el de su sucesor. La vivienda no sólo significaba votos en las elecciones, sino dinero, mucho dinero al edificarla: el régimen bolivariano se dedicó a construir —y llenarse los bolsillos— a toda prisa, aún entre las crecientes denuncias de mala calidad y los escándalos de corrupción cada vez mayores.
Los edificios se levantaban en semanas y se presentaban como logros del Estado: mientras Maduro presumía que entre él y Chávez habían construido más de cuatro millones de casas, sus testaferros eran investigados por el gobierno estadunidense. Tan sólo el más notable de ellos, el colombiano Alex Saab, habría cobrado 700 millones de dólares de los cuales apenas se ejecutó 5 por ciento. Las casas se construyeron y los bolsillos se llenaron; la popularidad creció, el régimen logró sostenerse. La corrupción no era una falla en el chavismo, sino el oxígeno de un ecosistema que no colapsó, siquiera, con la detención de Nicolás Maduro. Hasta que llegó el 24 de junio.
“Se parece más al del 85 que al de 2017”, aseguraba con pesadumbre uno de los heroicos Topos mexicanos que había vivido en carne propia los dos sismos. “Debe haber miles de personas todavía ahí abajo”, reflexionaba impotente. Las imágenes son desgarradoras y por fuerza traen consigo recuerdos dolorosos: quienes vivimos momentos similares sabemos, de primera mano, que lo más difícil apenas está por comenzar. A la esperanza seguirá la desazón; a la desazón, los reclamos ante la dura realidad de vivir en un Estado fallido. Es ahora cuando saldrán a la luz, de nuevo, las denuncias de corrupción sobre las operaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela; es ahora, también, cuando queda en evidencia la nula capacidad de respuesta del Estado venezolano ante un acontecimiento del todo previsible.
Los gobiernos no tienen control sobre los desastres naturales, pero sí sobre las construcciones que ellos mismos realizan; las autoridades no definen la magnitud de los eventos sísmicos, pero tienen el deber de responder, de manera efectiva, ante el peor escenario posible. El populismo es mortal cuando se confunde la propaganda con el progreso —ya se trate de vivienda, aeropuertos, trenes interoceánicos o incluso autos eléctricos. El populismo es mortal, sobre todo, cuando la corrupción es el oxígeno del ecosistema creado por el propio gobierno.
El terremoto duró un par de minutos, pero su onda expansiva se propagará —sin duda— a otros países. El testaferro de Maduro en los negocios de la construcción fue deportado en mayo pasado a los EE. UU., donde su testimonio sobre las redes de corrupción a las que tuvo acceso adquiere ahora un cariz distinto. El proceso legal en contra de Alex Saab se alargó durante años, en los que supo rodearse de los mejores abogados de su país para defenderse de las acusaciones norteamericanas: el abogado más notable, entre los que defendieron al testaferro de Maduro, responde al nombre de Abelardo de la Espriella y acaba de recibir las credenciales que lo acreditan como presidente electo de Colombia. Gustavo Petro, como mosca sobre mojón reciente, se debe estar frotando las manos.
México, mientras tanto, cumplió con Venezuela enviando ayuda humanitaria. En sus funciones cotidianas, la presidenta Sheinbaum anunció el día de ayer que su programa Vivienda para el Bienestar construirá dos millones de viviendas en poco tiempo para los más pobres. Enhorabuena a los beneficiarios. Total, ¿qué podría salir mal?