México: mayor desigualdad económica femenina

Los datos que presenta la Cepal en diversos informes hasta el 2019 son contundentes, la desigualdad aumentó en todo el mundo y en este momento se encuentra en su nivel más alto, por lo tanto, el reto para erradicar la pobreza es mayúsculo si consideramos que una elevada desigualdad impacta negativamente el desempeño económico, provoca incertidumbre e inestabilidad política y genera obstáculos al ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, produce un círculo vicioso muy difícil de romper.

Toda vez que la desigualdad se expresa tanto en la distribución inequitativa del ingreso como en los distintos espacios de la vida social y económica, los datos evidencian que a pesar de que algunos países han avanzado, la región sigue siendo la más desigual después de África subsahariana. Esto se explica por el nivel de pobreza que prevalece, por ejemplo, en 2017, el número de personas pobres en América Latina llegó a 184 millones, equivalente al 30.2% de la población, al tiempo que el número de personas en situación de pobreza extrema se situó en 62 millones, representando el 10.2% de la población.

En ese contexto, llaman la atención las estadísticas de la pobreza de género que se deriva de la desigualdad laboral y de ingresos que padecen las mujeres de la región y que demuestran que, hasta el 2013, la comparación de las brechas entre los ingresos laborales por sexo posicionaba a México como uno de los países más desiguales para las mujeres. A pesar de los programas de gobierno y los presupuestos etiquetados para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en el sexenio pasado (presupuesto transversal de perspectiva de género fue de mas de 28 mil millones de pesos en 2018), los números del Inegi siguen evidenciando la desigualdad femenina en el ámbito económico y el impacto de una cultura masculinizada: En participación económica, el 77.5% son hombres y el 43.7% mujeres. Además, la mayor presencia de las mujeres en el trabajo formal se registra en los servicios de salud y de asistencia social (62.0%); servicios educativos (61.8%); servicios de alojamiento y preparación de alimentos (54.5%); comercio al por menor (52.8%); y servicios financieros y de seguros (49.5%). Tal y como puede observarse, la participación de las mujeres se concentra en algunos sectores de la economía, como el del cuidado (enseñanza, salud, asistencia social y empleo doméstico), que constituye su mayor fuente de empleo. Esto tiene un significado histórico, toda vez que el papel que se asigna a las mujeres como cuidadoras se ha extendido al mercado laboral (por ello las más afectadas con el cierre de las estancias infantiles, por parte del actual gobierno, son las mujeres que ahí trabajaban). Por si fuera poco, el 53% del sector femenino económicamente activo no tiene acceso a trabajos formales y el 74.8% no tiene ingresos propios (dependen de su familia o de la asistencia social cuando son mayores y no tienen seguridad social).

Pero, si estos datos evidencian una lamentable desigualdad en relación al acceso al trabajo formal, hay otros datos que evidencian el fracaso de los programas de empoderamiento económico de las mujeres, por ejemplo, el del emprendimiento en donde las mujeres representan un 50.9% en la microempresa; 43.9 en la pequeña empresa; 37.1 en la mediana y, 37 en la grande. Es decir, el sector femenino que no tiene un trabajo formal y busca generar sus propios ingresos, con base en estos datos concentra sus esfuerzos en la microempresa y no en la mediana y gran empresa. Las razones principales para que ello suceda son, en primer lugar, que las mujeres tienen nulo o poco acceso a los créditos de financiamiento, en segundo lugar, las mujeres siguen haciéndose responsables de las labores no remuneradas en su hogar al mismo tiempo que atienden su microempresa. En tercer lugar, priorizan la calidad de vida sobre la rentabilidad de su empresa. En cuarto lugar, se relacionan con una cultura de discriminación. En resumen, los estereotipos sobre la mujer presentes en la cultura nacional operan en contra de las que deciden ser empresarias.

En ese contexto, tenemos que reconocer que si queremos una sociedad verdaderamente justa e igualitaria urge que el Plan Nacional de Desarrollo contemple una política pública de Estado, que genere igualdad sustancial para las mujeres, con una estrategia clara de acciones afirmativas en el ámbito económico y complementarias en el ámbito laboral y social.