Donald J Trump y Claudia Sheinbaum Pardo resultan sorprendentemente parecidos cuando se trata de sus respectivas elecciones constitucionales. Ambos reaccionan con una furia paranoica ante los comicios que se acercan, convencidos de que son víctimas de acechanzas y conspiraciones para derrotarlos en las urnas. Mientras más desprecian las urnas, más les asustan sus posibles veredictos.
Trump considera que habrá fraude electoral en las elecciones de noviembre por una oleada de “millones y millones” de falsos votantes, que son personas ilegales que ingresaron a Estados Unidos con el único propósito de votar contra él y su partido. Lo repite en cada evento electoral: si ganan los demócratas, él será impeached (juzgado) por el Congreso y, luego, por el sistema judicial del país.
Sheinbaum está en plena campaña electoral, a pesar de que faltan nueve meses para las elecciones, afirmando que habrá intervención extranjera en las elecciones para inclinar la balanza a favor de la oposición. Afirma que “ellos quieren decidir quiénes gobiernan nuestro país”. No dice quiénes son “ellos”, pero insinúa que la intervención extranjera provendrá de Washington y que la intención es obligar a México a juzgar a los narcopolíticos ligados a Morena. O entregarlos a la justicia estadunidense.
La similitud entre los discursos de Trump y Sheinbaum no puede pasar desapercibida. Cada uno, desde su perspectiva, se considera bajo asedio, y con la obligación de responder al ataque construyendo un muro jurídico para frenar a sus posibles victimarios. Cada uno ha dedicado un enorme capital político para justificar sus acciones defensivas.
En México, el gobierno morenista de Sheinbaum ha actuado rápidamente para cerrar cualquier resquicio democrático en las elecciones venideras que pudiera permitir el avance de la oposición. Ha colonizado totalmente a las autoridades electorales (INE y TEPJF), quienes ahora militan en el partido oficial. En materia electoral, el Congreso federal ha aprobado medidas para limitar la capacidad de crítica de la oposición. Existen penas judiciales por hablar de Morena como un “narcopartido” o hablar del “narcogobierno”. La ley le permite al INE remover candidatos que considera que no son “íntegros”, otorgándole la facultad para descartar candidatos opositores considerados peligrosos por su planteamientos.
Además, se abre la posibilidad de cancelar candidaturas o elecciones enteras si la autoridad estima que hubo “influencia extranjera”, sin tipificar ni esclarecer los límites de ese supuesto, como puede ser, por ejemplo, un artículo en un periódico extranjero cuyo texto es considerado “intervencionista”.
Además, se recortan sensiblemente los recursos oficiales para el apoyo a los partidos, argumentando austeridad, lo que facilita al partido oficial ejercer fondos públicos sin una adecuada rendición de cuentas y careciendo de una falta absoluta y deliberada de vigilancia por parte de la autoridad electoral. Además, subyace el aún no resuelto tema del acuerdo entre el partido Morena y el narcotráfico, que representa, además, dinero en efectivo para las campañas morenistas.
Tanto Trump como Sheinbaum modificaron las leyes a su favor para tener la ventaja jurídica y financiera desde antes de la votación. Es incuestionable que sus acciones crean una tensión entre el uso del poder para influir en el proceso electoral y las instituciones encargadas de asegurar la equidad y transparencia del proceso. Estas acciones de antemano ponen en duda la legitimidad de los resultados electorales. Y esa falta de legitimidad conducirá a una inevitable crisis política en ambas sociedades. No se descartan severas crisis poselectorales.