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El combate al tráfico de armas de fuego: una apremiante prioridad para México

Remo Moretta

Remo Moretta

Down Under

El día de Año Nuevo, México asumió el asiento que ocupará durante dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con ello en mente, decidí leer de nuevo el documento de posición de México en el 75 periodo ordinario de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el cual enuncia, en términos muy claros, la prioridad que México concede a la prevención y el combate al tráfico de armas y a la totalidad del ciclo de vida de las armas y municiones, incluyendo el fortalecimiento de los controles de importación y exportación.

Al leerlo, me vino el recuerdo de un trágico acontecimiento en Australia que derivó en una exhaustiva modificación de las leyes y la normatividad en materia de las armas de fuego.

El 28 y 29 de abril de 1996, un solo hombre armado disparó y mató a 35 personas e hirió a 25 más en Port Arthur, Tasmania. Fue una masacre nunca antes vista en Australia que conmocionó a todo el país, además de un llamado a abordar el tema de la posesión y el control de armas.

Esta tragedia propició una respuesta rápida y decisiva del recién elegido primer ministro John Howard. Hasta antes de la masacre, las leyes y la normatividad que regían  la posesión de armas de fuego eran responsabilidad exclusiva de los gobiernos de los estados y territorios, pero el primer ministro coordinó las modificaciones a la legislación y la normatividad con los estados y los territorios mediante un Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego (NFA por sus siglas en inglés).

El NFA incluyó planes del gobierno de recompra de ciertas clases de armas que, se determinó, era inapropiado considerar como propiedad privada, como compensación a quienes las habían comprado de manera legítima. También se instituyó una amnistía temporal para no sancionar a quienes poseían y necesitaban entregar armas de fuego y no contaban con los permisos correspondientes.

El plan de recompra se financió mediante un gravamen temporal pagado por todos los ciudadanos al Sistema Nacional de Atención de la Salud, que recaudó alrededor de 500 millones de dólares.

Las modificaciones a la legislación y la normatividad no tuvieron que ver solamente con el tipo de armas de fuego que se podía o no poseer, sino también con los motivos para poseer un arma.

El endurecimiento de los requisitos para obtener un permiso fue una parte fundamental y, lo que es más importante, de manera explícita no se incluyó la posesión de un arma con fines de protección personal; esto fue considerado, en sí y por sí mismo, una razón no válida para poseer un arma de fuego.

Afortunadamente, nunca hemos experimentado un acontecimiento similar desde entonces y, hoy en día, dicha reforma es considerada como un gran éxito.

La lección que aprendimos fue que un trágico acontecimiento no debería haber sido el catalizador de una muy importante reforma en materia de política y legislación.

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                *Embajador de Australia en México

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