La generación Z y la libertad de expresión

Se ha dado por llamar como Generación Z a la comunidad integrada por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012. Se dice que son individualistas; absortos por la utilización excesiva de redes sociales; muy frágiles en sus emociones —sobre todo después de la pandemia—; fáciles de ofenderse, pero muy sensibles ante la naturaleza o el cuidado de los animales.

Es la primera generación nacida en la era digital y también se les ha denominado de manera peyorativa como “generación de cristal”. Los trato y procuro aprender a entenderlos, pues son aquellos que en su mayoría asisten a mis clases de la Facultad de Derecho.

De manera lamentable han crecido en el actual México violento; para ellos la delincuencia en todas sus variantes ha sido parte de su entorno cotidiano. Ya sea mediante noticias, redes sociales, videojuegos, música, círculos familiares conflictivos o experiencias personales, la exposición constante a diversas formas de agresión ha generado un fenómeno preocupante: la normalización de la violencia.

Este fenómeno no sólo afecta la forma en que los jóvenes entienden su existencia, sino que además influye de manera profunda en su relación con el Estado, la política y las instituciones sociales.

Lo anterior genera un doble efecto: deteriora la confianza en el gobierno y genera un distanciamiento de la esfera pública, tal como lo demuestran los datos proporcionados por el Injuve en 2018, que señalan que 80% de jóvenes encuestados respondió sentirse poco o nada interesado en la política.

El pasado sábado 15 de noviembre, jóvenes de la Generación Z convocaron para manifestarse en el Zócalo capitalino contra diversas decisiones gubernamentales. La marcha se vio ensombrecida por distintos actos de violencia provocados y, en especial, por la represión contra los asistentes de parte de la policía capitalina.

La concentración ha sido objeto de descalificaciones emitidas desde el gobierno para tratar de desvirtuar la legitimidad de la protesta, bajo el argumento de que no fue una marcha de jóvenes, sino que fue convocada por grupos de derecha nacional e internacional, así como por los partidos políticos de oposición.

Sin discutir la legitimidad de la convocatoria, lo que preocupa es la brutalidad con que fue disuelta la manifestación. Porque cuando la violencia irrumpe, el derecho ha fracasado.

Cada vez que un conflicto social desemboca en agresiones o que una manifestación se ve opacada por actos violentos, se evidencia la incapacidad del Estado para garantizar vías institucionales que canalicen el descontento y protejan la participación ciudadana.

Pareciera que se quiso mandar una señal para infundir miedo para minar el interés de las juventudes de participar en movimientos sociales, lo cual es reprobable. Porque cuando los jóvenes dejan de creer que la ley los protege y que las instituciones funcionan, el interés por lo público se desvanece.

La Constitución tutela los derechos humanos a la libre manifestación de las ideas y no sean objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. También, la inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; así como, al derecho de asociarse o reunirse de manera pacífica con cualquier objeto lícito.

Democracia y libertad de expresión son correlativas. La democracia es en esencia un gobierno que respeta la pluralidad de opiniones. Se gobierna con la opinión ciudadana expresada sí en las urnas, pero ejercida a diario en las calles.

Como Corolario, las palabras de Giovanni Sartori: “No basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico; también es necesario que no haya temor de ejercerla”.