La finalidad del derecho internacional público es procurar asegurar la paz y seguridad entre las naciones a través de normas jurídicas y convenciones internacionales. Es decir, su aspiración esencial estriba en impedir el uso de la fuerza física y la violencia como método primordial para determinar las relaciones de convivencia entre los países.
La operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa para trasladarlos a Nueva York y presentarlos ante un tribunal federal por los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, ha generado gran preocupación dentro de la comunidad internacional.
Brasil, Chile, Colombia, México Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en donde destacaron que la operación militar ejecutada de forma unilateral en territorio venezolano contraviene los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, respecto de la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados.
En el siglo pasado, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela gozaron de estrecha colaboración, pero se enfriaron a partir del ascenso al poder de Hugo Chávez en 1998; y luego con la posterior llegada a la Presidencia de Maduro, quienes comparten el mismo proyecto político e ideológico.
Desde hace varios años, Estados Unidos señaló que Venezuela vivía en una dictadura auténtica que propició la diáspora de millones de personas; la persecución, encarcelamiento y muerte de muchos adversarios; así como las relaciones políticas y comerciales con naciones contrarias a sus intereses estratégicos.
Con el retorno de Donald Trump a la Presidencia, hubo un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. La llamada Doctrina Monroe 2.0 asegura que deben tener una posición preeminente en el continente como condición para su seguridad y prosperidad.
De nueva cuenta, el papel que juega la ONU en este tipo de conflictos deja mucho que desear. Pareciera que todo mundo invoca su intervención cuando es conveniente, pero la ignoran y desobedecen cuando sus predicados no son cómodos.
Después de las últimas elecciones en las que Maduro no pudo demostrar haber ganado, la opinión pública internacional intensificó sus criticas respecto a su permanencia en el poder. Existen voces que justifican la acción violenta de Estados Unidos para extraerlo del poder, bajo el argumento de que su gobierno era violatorio sistemático de los derechos fundamentales de los venezolanos.
Sin embargo, esta llamada “guerra preventiva” y las acciones posteriores del gobierno de Trump no parecen estar encaminadas a restablecer la democracia, sino más bien dirigidas al control y la apropiación de las enormes reservas petroleras de ese país y a la reorganización de las relaciones comerciales para dejar fuera a las naciones ajenas a los intereses norteamericanos.
Bajo el argumento de la violación de los paradigmas de la democracia que se han impuesto en el mundo occidental, se trata de justificar la intervención violenta en Venezuela. La falta de normas coercitivas del derecho internacional se sustituye con medidas como ésta, cuando un país se aparta de manera flagrante de ese modelo.
Eso constituye un intento falaz de tratar de legitimar el uso de la fuerza. Pero la historia indica que ello no ofrece soluciones finales ni duraderas y que el verdadero fortalecimiento de la democracia debe tener su origen en el consenso y pleno respeto de los derechos humanos.
Como Corolario, la frase de Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz; la paz es el camino”.