Hay casos en la vida pública que, sin proponérselo, se convierten en la radiografía exacta del desastre. Lo que le pasa al juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido no es sólo una desgracia personal o un atropello administrativo; es el retrato hablado de un sistema de justicia atrapado entre el sometimiento político y la resistencia a mirarse en el espejo de los derechos humanos.
Sigales cometió un “error” imperdonable para el poder: hacer su trabajo. El 19 de octubre del año pasado, durante una guardia en Colima, le tocó calificar la detención de José Alfredo “N”, acusado de portar drogas y un arma del Ejército. En lugar de mandarlo a la cárcel de manera automática, como dicta la inercia punitiva del país, el juzgador le impuso medidas cautelares en libertad, con la condición de ir a firmar cada 15 días y no salir del estado. El imputado era un vulcanizador local con arraigo comprobado, y las pruebas sobre su peligrosidad eran endebles.
El problema es que la decisión dinamitó la paciencia del Gabinete de Seguridad. Días después, en la conferencia, se reconoció el envío de una carta para investigarlo. La respuesta fue fulminante: Sigales fue suspendido de inmediato, convirtiéndose en el primer trofeo exhibido por el flamante Tribunal de Disciplina Judicial.
Apenas el viernes pasado se cumplió un año de aquella suspensión. Para marcar la fecha, simpatizantes del juzgador vistieron de negro y se concentraron en un acto público frente a la sede del tribunal, en Insurgentes Sur. Con pancartas, consignas y un pastel con la leyenda “365 días de injusticia”, los manifestantes denunciaron las irregularidades del caso y exigieron frenar la embestida contra la independencia judicial.
“Mi caso es político”, declaró el juez al diario El País en septiembre pasado. “Está vinculado con mis criterios judiciales y con la política de seguridad de Colima”. Sus palabras exponen cómo los hilos de la justicia se mueven al compás de las pataletas del Ejecutivo. Al escuchar a la Presidenta, confesó el propio Sigales: “Me sentí condenado; pensé que mi carrera había acabado”.
El drama de Sigales condensa dos de las grietas más profundas del modelo judicial mexicano.
La primera es la existencia misma del Tribunal de Disciplina Judicial, un engendro derivado de la reforma que nació cargando un estigma: juristas y organismos internacionales advirtieron sobre el riesgo de erigir un brazo ejecutor diseñado, no para vigilar la ética, sino para someter la independencia de los jueces a la línea que se dibuja en Palacio Nacional. Un órgano sin reglas claras, que brinca sobre sus propios plazos y revive expedientes archivados con tal de poner cabezas en la charola del poder.
La segunda gran contradicción radica en el choque frontal con la justicia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido categórica al sentenciar a México en casos como Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez. El mensaje del organismo continental es inequívoco: la prisión preventiva oficiosa viola la libertad personal y la presunción de inocencia. Obliga al Estado mexicano a reformar su marco legal para eliminar el encierro en automático y exigir que cada caso se juzgue con pruebas reales sobre el riesgo de fuga.
Sin embargo, frente a estos mandatos vinculantes, la Suprema Corte ha preferido arrastrar los pies. Ha pospuesto el debate, pateado el bote y evitado definir una postura para no chocar con el discurso oficialista que convirtió a la prisión automática en la columna vertebral de su política de seguridad.
Al final, a Sergio Sigales se le está castigando por algo tan elemental como aplicar un criterio convencional y acatar el derecho internacional sobre las inercias del autoritarismo local. Su suspensión no es una medida disciplinaria; es una advertencia para cualquier juzgador que intente pensar antes de encarcelar. Cuando la justicia castiga la independencia y premia la sumisión, lo que se disciplina no es al juez: se disciplina, por la vía del miedo, a la República entera.