Apenas ayer le contaba aquí el linchamiento político del juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido. Su pecado fue hacer su trabajo cuando rechazó meter a la cárcel en automático a un vulcanizador acusado de portar drogas y un arma de calibre prohibido. En lugar del encierro preventivo, le impuso acudir a firmar cada 15 días y no salir del estado, pues se trataba de un imputado con arraigo comprobado y pruebas endebles sobre su peligrosidad.
La reacción de la autoridad fue devastadora y el juzgador terminó suspendido por el flamante Tribunal de Disciplina Judicial, convertido en el primer trofeo exhibido para escarmiento de la independencia judicial, subsistiendo desde entonces con apenas un tercio de su salario.
Mientras México castiga a un juzgador por aplicar medidas cautelares en libertad y desatiende de forma flagrante las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), ésta se ha consolidado como un mecanismo desmedido para encarcelar a la gente. La justicia internacional ha sido categórica al señalar que el encierro automático viola la libertad personal y la presunción de inocencia, obligando al Estado a eliminar esa figura. Sin embargo, los datos más recientes del Censo Nacional de Sistema Penitenciario del Inegi revelan una realidad opuesta.
La población carcelaria que permanece tras las rejas sin haber recibido una sentencia pasó de 36.3% en 2024 a 42.2% en 2025. El drama social es evidente al revisar las cifras con detalle. De todas las personas privadas de la libertad que no tienen condena, la mitad (50.1%) se encontraba bajo la figura de PPO, una cifra que superó el 47% registrado el año previo. La brecha de género en este castigo sin juicio resulta alarmante. En 2025, 55.2% de las mujeres en prisión sin sentencia estaba encarcelada por la vía automática, frente a 49.7% de los hombres en esa misma situación.
En diversas entidades del país el panorama roza el absurdo institucional. Hay estados donde más de tres quintas partes de los reclusos sin sentencia sufren esta medida. Chiapas encabeza la lista con un aterrador 90.5%, seguido por Jalisco con 71.9%, Guerrero con 65.1% e Hidalgo con 64.3 por ciento. En el caso específico de las mujeres, Chiapas registra un vertiginoso 93.9% bajo encierro automático, Nuevo León alcanza el 80.6%, Guerrero, 75.2%, y Jalisco, 72.6 por ciento. A nivel nacional se contabilizan casi 49 mil personas privadas de la libertad por este catálogo punitivo.
Lejos de corregir el rumbo, el movimiento en el poder expandió las causales constitucionales de la prisión automática. En abril de 2019 incorporó delitos como huachicol, corrupción y uso electoral de los programas sociales. En noviembre de 2024 amplió nuevamente la lista para incluir extorsión, narcomenudeo y fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo.
Resulta una paradoja tremenda que un proyecto político autoafirmado de izquierda y con supuesta vocación social ostente un récord tan adverso en materia de derechos humanos, distinguiéndose por encarcelar ciudadanos sin evidencias sólidas derivadas de una investigación seria y sin evaluar el verdadero nivel de riesgo para la sociedad.
La presunta cruzada contra la gran delincuencia termina aplastando a los sectores más vulnerables. La principal razón por la que están encerrados los hombres no sentenciados en penales estatales es el delito de robo, con 20.3 por ciento. Entre las mujeres, la causa principal es el narcomenudeo, con 18.5%, y el robo en segundo lugar. Además, los penales se mantienen poblados por personas con graves rezagos de origen: 66% de las mujeres y 75% de los hombres apenas cursaron la primaria o carecen por completo de escolaridad.
Las trampas del poder para encarcelar opositores o incómodos siguen a la orden del día. El caso de José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, detenido en enero de 2026 en un operativo donde le sembraron droga para sacarlo de la contienda por la reelección del cargo, demuestra que en este país cualquiera puede terminar en la cárcel sin motivo alguno.