La UDLAP, ¿conejillo de indias del autoritarismo estatal?

Por Fernando Aguirre

Inevitablemente, el martes por la mañana llamó poderosamente mi atención uno de los temas en el trending topic de Twitter. Aunque no se sabía con exactitud lo que estaba ocurriendo, era evidente que había “un operativo policiaco” en la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP), mi alma mater.

Este nuevo episodio indudablemente me hizo recordar los momentos álgidos que tuvo en su haber esta casa de estudios en la primera década del 2000, cuando estudiaba ahí. Cómo olvidar los berrinches de la rectora Nora Lustig Tenenbaum por sentirse ofendida por la publicación de unas calaveritas literarias en el periódico estudiantil La Catarina —del cual formé parte—, y que, junto con el despido de 129 empleados y un intento de desaparecer al emblemático y popular equipo de futbol americano Aztecas, mermaron su afinidad con la comunidad universitaria. Peor aún fue el oscuro periodo entre 2005-2007 con la llegada a la rectoría del intelectual y “humanista” Pedro Ángel Palou García, que, aunque en un inicio pregonaba apertura y disposición, poco a poco se fue tornando en un rector autoritario que tras varios puntos de quiebre en su administración como una desmesurada censura contra La Catarina por considerar que criticaba demasiado su gestión y su afinidad con el entonces góber precioso Mario Marín Torres, así como el despido injustificado de 13 académicos en mayo 2007, entre otros, le valieron la antipatía de la comunidad universitaria y su salida del encargo.

El nuevo embrollo en el que está sumergida mi querida UDLAP, se enmarca en una disputa legal entre la familia y miembros de la Fundación Mary Street Jenkins, benefactora de la Fundación Universidad de las Américas-Puebla. Aunque la propia universidad se ha encargado de asegurar que ambas fundaciones son independientes, con personalidad jurídica y patrimonio propio, aseverando, además, que la UDLAP no está sujeta a ningún proceso, judicial o administrativo, si sostiene que es objeto de un acto arbitrario e ilegal por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla quienes desean  imponer a toda costa a un nuevo patronato a “modo” en la institución.

¿A quién beneficia tener el control del patronato de la UDLAP? ¿Acaso estamos ante un primer intento para apoderarse de una de las escuelas privadas que conforman el denominado Consorcio Universitario de Puebla (integrado por el Tecnológico de Monterrey, Anáhuac, UDLAP, Ibero, UMAD y UPAEP) y que le provoca urticaria al gobernador poblano Miguel Barbosa?

Quizás una probable respuesta esté en lo que dicta la Ley de Educación del estado de Puebla, aprobada en mayo del año pasado, que generó polémica, ya que en su artículo 105, plantea que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por particulares forman parte del Sistema Educativo Estatal.

Los ánimos se calientan en la comunidad universitaria poblana y el gobernador morenista bien lo sabe, no en balde, hace llamados desesperados a grupos empresariales y a los demás miembros del Consorcio Universitario de Puebla a mantenerse al margen de este conflicto, para evitar un efecto bola de nieve que puede desencadenar reacciones inesperadas no sólo en Puebla, sino también en el país, como lo fueron otros episodios universitarios de nuestra historia. Es urgente la liberación inmediata de las instalaciones universitarias, aún ocupadas por fuerzas de seguridad estatal, la vida universitaria tan vigorosa en la UDLAP no debe detenerse y debe operar cuanto antes con toda normalidad.

El compromiso y generosidad con la comunidad y los estudiantes universitarios siempre ha sido el espíritu de la UDLAP, muchos de los que estudiamos en sus aulas tuvimos el sueño “aspiracionista” de educarnos en una de las universidades más importantes del país, la UDLAP se encargó en gran medida de materializarlo. Hoy frente a todo acto de abuso y autoritarismo #TodosSomosUDLAP.