La clave de la justicia climática es cobrar impuestos a quienes contaminan
Por Laurence Tubiana*PARÍS.– Después de evitar durante años toda mención explícita a la principal causa del cambio climático, los negociadores de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28 de 2023 finalmente acordaron abogar por “la ...
Por Laurence Tubiana*
PARÍS.– Después de evitar durante años toda mención explícita a la principal causa del cambio climático, los negociadores de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de 2023 finalmente acordaron abogar por “la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles”, pero ¿cómo se financiará esto?
Las finanzas climáticas serán el tema más importante, tanto en la COP29 de este año en Azerbaiyán como en la COP30 de Brasil en 2025. Según las estimaciones de la Unión Europea debemos invertir 1.5 billones de euros al año a partir de 2031 para reducir a cero las emisiones netas para 2050, y se prevé que los países en desarrollo (excepto China) necesitarán 2.4 billones de dólares (mmd) al año para 2030. Tan sólo Brasil tendrá que destinar 200 mmd al año para cumplir sus metas de reducción de las emisiones para 2030.
No hay soluciones simples, pero necesitamos nuevas políticas audaces para movilizar el financiamiento público y hay buenos motivos para imponer impuestos progresivos a las actividades intensivas en carbono y la riqueza extrema. Ambos generarían ingresos y extenderían principio de la responsabilidad común, pero diferenciada al sector empresarial y las personas.
Los impuestos son el instrumento estándar de los Estados para conseguir fondos de manera confiable y a gran escala, y así comprometerse a gastos y planes de inversión a largo plazo. Con un impuesto de 0.1 % a las transacciones financieras se podrían obtener a escala mundial 418 mmd al año, mientras que un gravamen de 5 dólares por tonelada a las emisiones de dióxido de carbono recaudaría 210 mmd al año.
Desde hace mucho el Fondo Monetario Internacional defiende los impuestos a las emisiones de CO2 y a la extracción de combustibles fósiles, tanto como fuente de financiamiento climático como para incidir sobre los incentivos, garantizando que quienes contaminan paguen. Los impuestos a la contaminación también contribuirían a compensar la desigualdad al interior de los países, incluso en las economías con menos emisiones históricas y per cápita existe una brecha significativa entre la contaminación causada por la mayor parte de la población y la de quienes más emiten; en el mundo, el 1% más rico emite lo mismo que el 66% más pobre.
Los impuestos para garantizar que quienes están en mejor situación económica y más emiten paguen lo que les corresponde ayudarían mucho a convencer al público de que la transición justa es más que un eslogan vacío, y, aunque la cooperación impositiva transfronteriza nunca es fácil, un acuerdo internacional ofrecería a los países más herramientas para actuar sobre sus propios recursos y les permitiría proteger a quienes más lo necesitan.
Hay señales alentadoras de que los impuestos están dejando de ser un tabú para los políticos. En noviembre de 2023, los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución para establecer la Convención Marco para la Cooperación Fiscal Internacional que abrirá el camino a un enfoque más justo para fijar normas a escala mundial. Actualmente, el G20 está evaluando un impuesto mundial mínimo a los tres milmillonarios del mundo, que actualmente pagan una tasa real mucho menor a la del resto de la población. El Observatorio Fiscal de la UE estima que con un impuesto del 2 % a su riqueza, se podrían recaudar 250 mil mmd al año.
Aprovechando ese impulso, un grupo diverso de países lanzó un nuevo grupo de trabajo internacional para asuntos fiscales (está presidido conjuntamente por los líderes de Kenia, Barbados y Francia, y su mandato es explorar políticas fiscales capaces de recaudar el equivalente, al menos, al 0,1 % del PBI mundial para financiar el desarrollo sostenible y la acción climática). La cuestión no es prescribir una única solución para todos los países, sino evaluar —aprovechando a un conjunto diverso de expertos y perspectivas— los obstáculos políticos y técnicos que enfrentan muchas de las opciones factibles.
La justicia tributaria puede ser un poderoso multiplicador para acelerar la transición justa. Con el aporte de nueva información empírica y el fortalecimiento de la confianza y cooperación entre países, el nuevo grupo de trabajo puede ayudar a combatir las injusticias que residen en el corazón de la crisis climática, y a liberar los recursos necesarios para ello.
Traducción al español por Ant-Translation
Copyright: Project Syndicate, 2024.
*Directora general de la European Climate Foundation
