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México, ¿sentenciado a ser un Estado feminicida?

Norma Lucía Piña Hernández

Norma Lucía Piña Hernández

Extramuros

Las últimas noticias sobre Debanhi Susana Escobar Bazaldúa me han cimbrado. Al momento en que escribo estas líneas no tenemos certeza sobre lo que sucedió en realidad a esta chica. Lo innegable es el clima de violencia de género que se vive en el país, que pone tras las cuerdas a nuestra democracia. Enfrentamos un grave problema que a todos, de distinta manera, nos atañe. Esta crisis generalizada y sistemática de violencia contra las mujeres, personalmente me interpela, no sólo como autoridad, sino como mujer, como madre, como tía, como hermana, y como amiga de otras mujeres también. Y sí, hay días en que a causa de esta violencia que nos deglute, cuesta trabajo seguir. Pareciera que la hiriente realidad apostara a que nos resignemos a seguir sumando infinitamente, acumulando pilas de mujeres agredidas y desaparecidas como parte de nuestro paisaje cotidiano. 

A propósito de cifras: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) durante 2021 documentó 1,145 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas, de las cuales encontraron a 880; de aquí se desprende que 265 mujeres, adolescentes y niñas continúan reportadas como desaparecidas o no localizadas, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 20211. Si dividimos 265 vidas humanas entre 12 meses, nos arroja un número de 22 mujeres desaparecidas al mes. ¡Y éstas son sólo las “cifras” reportadas! ¿Qué será del resto? 

 Cuando sobre mi escritorio llegan expedientes de feminicidios, además del análisis jurisdiccional que me corresponde, no puedo dejar de preguntarme, ¿cuánto dolor y cuántas batallas habrán tenido que vencer —generalmente las madres y padres— de las chicas víctimas de feminicidios, para que sus casos lleguen hasta el más alto tribunal? Con esta responsabilidad a cuestas, con este profundo dolor, es que me aboco al estudio de sus casos. ¡Cuánto tiempo habrá tenido que pasar, para que historias de vida truncadas, lleguen hasta la última instancia del Poder Judicial clamando justicia! 

La Suprema Corte ha respondido con importantes esfuerzos, a través de sus sentencias a esta crisis. De referencia obligada es el caso conocido como Mariana Lima, mediante el cual la primera sala resolvió el amparo en revisión 554/2013 y que, sin duda, no puede entenderse sin el diverso conocido como Campo Algodonero, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera sala determinó que todo caso de muerte de mujeres, incluidas aquéllas que prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidios y algunos accidentes, deben analizarse con perspectiva de género. Esto debe hacerse, con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. 

Posteriormente, en la primera sala se resolvió el caso de Karla Pontigo Lucciotto —amparo en revisión 1284/2015— se concluyó, entre otras cuestiones, que existieron violaciones a los derechos fundamentales desde el inicio de la investigación, pues se impidió a las víctimas (familiares) participar activamente en la investigación; no fueron informadas del estado procesal de las pruebas recabadas ni de las diligencias que se llevaron a cabo para realizar la consignación. Además, la autoridad ministerial omitió recabar pruebas para esclarecer satisfactoria y fundadamente la causa de la muerte de Karla Pontigo. 

En estos y otros precedentes hay un común denominador. Las autoridades ministeriales o judiciales no advierten la necesidad de aplicar la perspectiva de género. Es decir, ante las agresiones, los insultos, los golpes, las violaciones cometidas contra estas mujeres, o las desapariciones, las distintas autoridades consideraron que no había motivos suficientes para actuar conforme a las exigencias a las que estamos obligados en materia de perspectiva de género, independientemente de que resulten en un accidente, una agresión o cualquier otro desenlace. 

El patrón cultural es claro. Invisibilizamos la desigualdad. 

 Invisibilizamos la violencia de género. Los casos de muertes violentas de mujeres generalmente ocurridos al final de un continuum de violencia, son la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal, putrefacta, discriminatoria y desigual. Me pregunto, partiendo de las consideraciones de Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo ¿hasta cuándo seguiremos siendo las mujeres seres-para-los-hombres, de manera primordial a través de la apropiación de nuestros cuerpos? 

Saber que contamos con precedentes históricos en la materia—llámese en debida diligencia, derecho a la verdad, cadena de custodia, obligación de investigar con perspectiva de género etcétera— implica comprender que, a pesar del incalculable dolor retratado en las innumerables fojas de los expedientes que nos impulsan a dejarnos la piel en el intento por resarcir el daño, sabemos que no lograremos repararlo en su integralidad. No quisiera seguir sentando precedentes, aunque soy consciente que, efectivamente, facilitarán el acceso a la justicia en futuros casos. Sin duda se ha avanzado en el andamiaje jurídico: desde la tipificación del feminicidio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diversos protocolos de actuación y un largo etcétera, pero desafortunadamente, no han alcanzado para frenar esta tragedia. Y sí, lo confieso, siento impotencia y una profunda tristeza. Impotencia que desde mi trinchera intento transformar en resiliencia a través de mis fallos. 

No podemos perder de vista como sociedad, que la violencia feminicida se gesta como un problema estructural y sistémico y que en distinta medida nos compete a todos los que la integramos. No podemos normalizar la violencia contra los cuerpos e integridad de las mujeres como espacio de dominación. ¡Queremos y merecemos ser libres! 

1. Véase Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, disponible en: https://www.observatoriofeminicidiomexico.org 

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Ministra de la Suprema Corte de Justicia. 

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