El Estado mexicano se ha caracterizado por el constante cambio en su diseño organizacional y de gestión. Difícilmente identificaremos un momento en la historia sin registro de algún movimiento. Los ajustes han respondido a las demandas ciudadanas, a los estilos personales de gobernar y a los vientos coyunturales que marcan la política y la economía, los cuales se traducen en reformas estructurales o meramente cosméticas.
Los alcances de una reforma y su gradualidad están determinados por el grado de involucramiento de los dos niveles de la acción gubernamental: El orgánico: que se relaciona con el tamaño vertical y horizontal de las estructuras institucionales. El de gestión administrativa: que permite trazar los retos en materia de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios estatales.
En el actual gobierno es identificable el trabajo en estos dos niveles. En un primer momento, se planteó y se aprobó por el Congreso de la Unión cambios normativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras disposiciones legales, creándose nuevas dependencias federales, extinguiéndose órganos administrativos y transformándose algunos otros.
En un segundo momento, las transformaciones han impactado la operación misma del gobierno, por ejemplo, en materia de contrataciones y obras públicas, salud, regulación y desregulación, fomento económico, aduanas, combate a la corrupción, vivienda, etcétera. Lo cierto es que los cambios continúan y no parece que se interrumpirán en breve, por el contrario, se han intensificado.
Recientemente, se informó el inicio de una profunda transformación al esquema de regulación y control del agua en todo el país. Asignatura de atención prioritaria, la Ley de Aguas Nacionales se encuentra rebasada, data de 1992 y la reforma constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental es de 2012, sin que exista a la fecha su ley reglamentaria, a pesar que se han presentado más de 15 iniciativas.
Los problemas relacionados con el derecho, explotación y consumo del líquido son visibles a los ojos de todos. Existen 536 mil títulos de concesión que, de acuerdo a la información gubernamental, requieren de un reordenamiento al estar plagados de irregularidades, se detectaron más de 58 mil casos. Frente a ello hay comunidades sin acceso o con graves limitaciones para consumir agua todos los días.
El tema exige el impulso de una nueva política pública. Las resistencias son evidentes, existen grupos de presión y factores de poder que no dejan transitar hacia una verdadera regulación trasversal e integral. El planteamiento del gobierno es pragmático. Anuncia la presentación de una iniciativa de Ley General de Aguas, misma que prevé la política pública para priorizar el acceso al agua en condiciones de equidad y una adecuada distribución de competencias públicas. También propone bajo la premisa del reordenamiento del régimen concesionario, endurecer el control del Estado, instrumentando acciones de revisión jurídico-administrativa, tipificando delitos especiales y aplicando la figura de la extinción de dominio.
Es hora de poner orden, las intensas lluvias nos dan una nueva oportunidad. Pongamos la vara alta, es un tema que nos interesa a todos. No dejemos que los intereses mezquinos sigan mercantilizando el agua, se requieren de estos cambios, sumemos.