Democracia comprometida

El perfil público de Alex Saab es poco compatible con el de un gobierno democrático sujeto a la rendición de cuentas. A partir de las serias acusaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos, y una vasta lista de actividades ilícitas difundidas por los medios internacionales, como la BBC, resulta conocido que este empresario de origen colombiano se dedica, presuntamente, al lavado de dinero, en una red que beneficia al dictador venezolano, Nicolás Maduro Moros. Esto porque, de acuerdo con las mismas fuentes, Saab sería el conducto por el cual se movilizan recursos millonarios provenientes de la corrupción gubernamental, quedando bajo control del dirigente chavista y su círculo de confianza en cuentas bancarias activas en el extranjero.

Por lo visto en prensa, entre ella las referencias en France 24, su desempeño siempre ha sido objeto de señalamientos. Primero en 2011, con la obtención de contratos públicos por varios cientos de millones de dólares para la edificación de vivienda, en una coyuntura que el empresario carecía de la más mínima experiencia en la industria de la construcción. Después, con la venta a sobreprecios de alimentos que fueron distribuidos entre los venezolanos más vulnerables por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, actividad ilícita en la que, al parecer, estuvieron involucrados familiares del dictador Maduro y fue denunciada por una fiscal que terminó exiliada en Colombia.

Finalmente, a partir de otros casos que dejan ver asignaciones multimillonarias obtenidas por parte de la cúpula chavista, se tienen detectados movimientos financieros de Saab en cuentas de distintas naciones de Europa, Asia, Oriente Medio y África. Como consecuencia de estos hallazgos realizados por el Departamento de Estado, fueron impuestas sanciones a tres hijastros de Nicolás Maduro, según Reuters. Además, por demás extraño resulta que el contratista favorito del régimen venezolano disfrutara de un pasaporte diplomático, quizá con el fin de perseguir cierto nivel de impunidad o, cuando menos, de obstaculizar la revisión de sus pertenencias en el traslado entre países, con base en los acuerdos de reciprocidad establecidos para salvaguardar la reserva de información legal de este tipo de funcionarios públicos.

Por el antecedente empresarial antes descrito, resulta lamentable para Venezuela que el eventual fortalecimiento de su democracia se vea impactado por la captura de un perfil empresarial de estas características, como el extraditado desde Cabo Verde para que la justicia estadunidense lo presente ante un tribunal. En la precipitada orden asumida por Maduro, de suspender las negociaciones con la oposición —que se lleva a cabo en nuestro país—, no cabe otra posibilidad que el miedo derivado de una posible deserción del empresario con el fin de obtener beneficios judiciales, así como la consecuente medición de costos y riesgos a los que el régimen chavista estará expuesto en los días siguientes.

El problema de detener el diálogo es que impactará más allá de la esfera de la política democrática, porque las negociaciones buscan, a la vez, brindar soluciones a la crisis económica y social que sufre Venezuela por el ejercicio autoritario del poder y el mal planteamiento de sus programas de gobierno. Así, la pérdida de poder adquisitivo, desabasto de bienes esenciales e inflación son responsabilidades del régimen de Nicolás Maduro, pero éstas se han visto agravadas por sanciones internacionales, que tanto el gobierno como la oposición buscan ahora levantar para reactivar con mayor dinamismo la economía venezolana.

Además, las negociaciones buscan dar certidumbre a la ayuda humanitaria proveniente del exterior, ante los efectos devastadores que tuvo la pandemia en los segmentos sociales en condición de pobreza y marginación. Cabe recordar los bloqueos a este tipo de ayuda por parte del dictador Maduro en años recientes, a pesar de que uno de cada tres venezolanos vivía en 2020 sin una dotación suficiente de alimentos para garantizarse estándares mínimos de nutrición. Esto, de acuerdo con el Programa de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas.

Al correr del tiempo y de las investigaciones, cada vez está más comprometido el entorno político y empresarial vinculado a Nicolás Maduro. Incluso él y el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, cuentan con cargos criminales y son objeto de un eventual arresto, para lo cual el gobierno estadunidense ofrece recompensas millonarias, como difundió en su momento el diario El País. En este contexto, la cúpula chavista quiere ahora que la democracia venezolana sea la comprometida.