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Un país de precariedad laboral

Mario Luis Fuentes

Mario Luis Fuentes

México es un país que, de manera histórica y estructural, ha enfrentado los dilemas de una economía que no crece lo suficiente, y en los breves momentos en que ha tenido tasas de crecimiento importante, esto no se ha dado en contextos de distribución justa ni en contextos de plena democracia que condujeran a una democratización institucional lo suficientemente sólida para garantizar la conducción de un curso de desarrollo para el pleno empleo y el bienestar generalizado de la población. 

 Ante la pasada conmemoración del Día del Trabajo, es importante decir que las conquistas laborales del sindicalismo mexicano no han sido menores. Sin embargo, distan mucho de ser las necesarias para convertirse en uno de los principales pilares de un Estado de bienestar, garante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. 

En el mismo sentido, es preciso decir que las políticas económicas y sociales del Estado mexicano en la materia no han conseguido llevarnos hacia procesos virtuosos de elevación del ingreso, fortalecimiento del mercado interno, crecimiento económico sostenible e industrialización ambientalmente responsable. 

Los resultados están a la vista: si hay determinantes de las extendidas condiciones de pobreza que hay en el país, éstas se encuentran en la precariedad del ingreso, en la insuficiente cobertura de la seguridad social y en lo que esto se traduce cuando se habla de capacidades de acceso a garantías constitucionales, como el tener una vivienda digna y decorosa. 

De acuerdo con el Inegi, de los 56.6 millones de personas que están ocupadas, únicamente 25 millones lo están en condiciones de formalidad, lo cual no implica necesariamente buenos salarios. Todo ello, a la par, efectivamente, de ingresos laborales per cápita muy bajos, a tal grado que, de acuerdo con el Coneval, más del 40% de quienes trabajan tiene ingresos laborales reales por debajo de la línea de la pobreza, lo que significa que, en México, tener un empleo no es garantía de que no se va a ser pobre. 

 Frente a todo lo anterior, se añade ahora el severo impacto de la emergencia sanitaria y la crisis económica que se le asoció, todo lo cual se agravó debido a los errores que han cometido al momento de enfrentarlas. Los peores efectos se dieron para las mujeres y para las niñas y los niños, quienes, en cientos de miles de casos, han tenido que ingresar a las cifras del trabajo infantil y la desprotección social.  

Para el caso mexicano, la cuestión es de la mayor relevancia, porque si ha habido un sector en el cual se están disparando los precios es el de los alimentos, mientras que la inflación promedio es de alrededor del 7%, en los alimentos y bebidas el proceso inflacionario ronda el 11%, y lo peor es que esto se da ante el anuncio, por ejemplo, de las nuevas proyecciones económicas de la Cepal, en las que se estima que México tendría en 2022, si acaso, un crecimiento del PIB de alrededor del 1.7%, muy lejano de la meta que aún ahora conserva el gobierno, de 4% en el año. 

Más allá de los discursos, lo que se ha configurado en nuestro país es un escenario que nos pone en la antesala de una tormenta perfecta: bajo crecimiento, precariedad laboral y bajos salarios, crisis del sector salud, la persistencia de la pandemia de covid-19 y la agudización de la epidemia de violencia que sigue aterrando al país, así como el ya mencionado escenario de una inflación que amenaza con quedarse, al menos, a lo largo de todo el 2022. 

Lo que urge en este momento es hacer un alto en medio del griterío político y las disputas estériles en torno a temas intrascendentes para superar la emergencia en que estamos. 

 Es imprescindible retomar el sentido de urgencia, porque urgente es el hambre, la enfermedad y la muerte que nos ronda a todas y todos, pero especialmente a las y los más pobres. 

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