El jefe del Estado y la división de poderes

Montesquieu sostenía que el gobierno de una república era el más difícil; más aún si la república es democrática, porque es la forma de gobierno que exige de mayor virtud para ejercerla. Pero no cualquier virtud, sino la de la capacidad de, simultáneamente, gobernar y ser gobernado. Esto es, quien ejecuta la ley está sujeto a ella y, diría el filósofo, “sufre también su rigor”.

En una república no puede mandar sino la ley; la cual establece los mecanismos que deben seguirse para reformarla, en el caso de que la mayoría legítimamente establecida considere que es esencial para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad y del Estado.

Sin embargo, la pervivencia de una república democrática no depende sólo de quienes gobiernan, sino, sobre todo, de los gobernados, pues si no hay virtud en las y los ciudadanos, estos sucumben fácilmente al llamado de los déspotas o de los tiranos.

En nuestro contexto, las lecciones de Montesquieu adquieren un valor mayor, pues estamos ante una severa crisis del principio de la división de poderes. Por un lado, se tiene un Congreso que ha dimitido en su capacidad deliberativa y se ha convertido en un espacio de dominio mayoritario de personas que se declaran abiertamente al servicio de un movimiento, que tiene como claro e indiscutible líder al titular del Ejecutivo federal.

El problema aquí se encuentra en que los gobiernos auténticamente democráticos son incompatibles con modelos de regímenes-movimiento, aglutinados por la fuerza carismática de un personaje, que más allá de sus legítimas intenciones de transformar positivamente a su sociedad, no puede sino llevarla a su colapso institucional en aras de imponer lo que su movimiento cree o postula.

La cuestión de fondo es que todo movimiento religioso, ideológico o político supone que actúa con base en la mayor virtud moral y, con base en el monopolio de la verdad: nadie que actúe o piense fuera del movimiento puede tener la razón, porque entonces la lógica de organización y cohesión interna se fractura. Los movimientos actúan con base en la confianza en el líder y en la asignación de virtudes más allá de lo humano y, de hecho, como lo explicaría Max Weber, a estos liderazgos se les llega a investir incluso de imaginarios como “la santidad”.

Cuando un líder social llega al poder y no es capaz de usarlo para afianzar un tipo de liderazgo y dominación racional-legal, pone en riesgo a la propia democracia que le permitió llegar al poder. Porque en un régimen presidencialista como el nuestro, el Ejecutivo representa al gobierno, pero también al Estado, y eso implica gobernar para todos asumiendo que no está por encima ni de la ley ni de los otros Poderes de la Unión.

En una democracia no puede haber unanimidades ni coincidencia plena de posiciones y visiones entre los poderes que articulan a la república. Y dada esta naturaleza pluralista y diversa es que los poderes actúan bajo sistemas de equilibrios y contrapesos. Los cuales no significan que un poder “sea oposición de otro”; sino que su actuación constitucional es vigilar que sus contrapartes cumplan con las funciones que les son atribuidas por la Carta Magna.

En ese sentido, en México el mandato es claro: corresponde al Ejecutivo la conducción de la administración pública federal para el adecuado desarrollo del país; y corresponde al Poder Judicial de la Federación —del que la Suprema Corte de Justicia es uno de sus componentes— impartir justicia y vigilar la correcta interpretación y aplicación de las normas.

Pretender que todo el aparato administrativo del Estado se ponga al servicio de un movimiento constituye un atentado a la República. Porque el Estado tiene el mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y no un proyecto sexenal personalísimo que, en muchas aristas, es abiertamente contrario a lo que establece el orden jurídico nacional.