A partir de la evidencia reciente, es posible identificar un patrón consistente en México: el asesinato de liderazgos sociales que, ante la ausencia funcional del Estado, han asumido tareas de defensa territorial, búsqueda de desaparecidos y exigencia de derechos de víctimas. Casos paradigmáticos permiten trazar una genealogía de esta violencia.
A la secuencia ya conocida de asesinatos de defensores del territorio en México se suma un episodio reciente que condensa, con crudeza, la lógica estructural de esta violencia: en abril de 2026, en Michoacán, fueron asesinados Roberto Chávez Bedolla —quien había denunciado tala ilegal de bosque— y Lázaro Mendoza Ramírez, este último hallado calcinado tras su desaparición; ambos casos, en un lapso de apenas una semana. Este doble homicidio constituye una alerta sobre la posible intensificación de una lista ya larga de casos similares: desde el asesinato de Homero Gómez (2020), guardián de la mariposa monarca, hasta los múltiples casos registrados por organizaciones civiles, Michoacán se ha consolidado como uno de los territorios más letales para quienes defienden la tierra y el agua.
Estos asesinatos deben comprenderse como formas de hacer evidente una ausencia permanente de las instituciones: un Estado que no comparece allí donde su presencia es condición de posibilidad de la vida social. En ese vacío, emergen nuevos liderazgos: campesinos que devienen defensores ambientales, madres que devienen investigadoras forenses, comunidades que devienen sujetos políticos.
Puede afirmarse también que cada ejecución, cada desaparición, cada cuerpo hallado, constituye un mensaje dirigido a la comunidad. Se trata de una violencia que obedece a una racionalidad específica: la del control territorial. En contextos donde convergen economías ilegales —tala clandestina, minería, narcotráfico— con intereses legales —agroindustria, turismo, infraestructura—, el defensor del territorio se convierte en una figura disruptiva. En la lógica criminal, su eliminación no sólo neutraliza una resistencia concreta, sino que produce un efecto ejemplarizante.
El caso reciente de Michoacán lo ilustra con precisión: dos asesinatos en una semana no sólo eliminan dos voces, sino que instauran un régimen de advertencia. El mensaje es colectivo: “No intervenir”. En ese sentido, la violencia adquiere un carácter performativo: crea orden mediante el terror.
Sin embargo, hay una paradoja que no puede soslayarse. Estos liderazgos existen porque el Estado ha dejado de cumplir funciones esenciales. Cuando una comunidad organiza su propia defensa ambiental o cuando una familia sale a buscar a sus desaparecidos, lo que se revela es una fractura en la arquitectura institucional.
Aquí se vuelve indispensable introducir la dimensión estructural: la corrupción y la indolencia de los gobiernos locales. Diversos informes han señalado que una proporción significativa de las agresiones contra defensores ocurre con participación, tolerancia o aquiescencia de autoridades. Esta constatación obliga a desplazar la mirada: no estamos únicamente ante un problema de criminalidad, sino ante una configuración híbrida donde lo legal y lo ilegal se entrelazan.
Estos asesinatos son expresiones de formas radicales de violencia que operan en espacios donde el monopolio de la violencia es disputado o capturado, y donde la normatividad formal cede ante poderes fácticos. Frente a ello, cabe preguntar qué está en juego, pues no es sólo la vida de quienes defienden causas justas, sino la posibilidad misma de sostener un orden democrático. Estos liderazgos cumplen funciones que son constitutivas del Estado de derecho: producen verdad, exigen justicia, protegen bienes comunes.
Cuando defender el agua implica morir, cuando buscar a un hijo desaparecido implica exponerse al asesinato, lo que se altera no es únicamente la seguridad, sino el horizonte mismo de lo pensable y lo vivible. Como resultado, el miedo deja de ser una emoción individual y se convierte en principio organizador de formas anómalas de precarios equilibrios de convivencialidad.
Reconocer y proteger a estos liderazgos no es una condición de posibilidad para la reconstrucción del Estado y para la restitución del sentido de lo público. En su fragilidad se encuentra, paradójicamente, una de las últimas reservas éticas de la sociedad mexicana. Su defensa es, por tanto, una exigencia política de primer orden.