La semana pasada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó su renuncia en medio de señalamientos de presunta corrupción relacionada con sus vínculos con proveedores del instituto. En su lugar, el Consejo General eligió a Blanca Cruz García como consejera presidenta provisional, mientras se sigue el proceso correspondiente en la Cámara de Diputados para designar a la nueva persona en dirigir al Instituto Nacional Electoral.
Es bueno que se haya separado de su encargo. En una institución que durante su anterior presidencia mantuvo tantas manchas de opacidad, derroche y deshonestidad, no es sostenible que pesen sobre ella más sospechas de malas prácticas. El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó la semana pasada que, derivado de la investigación que inició la Auditoría, se tiene conocimiento de que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026 con diversas entidades públicas, y que, de ese total, 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales.
Por otro lado, el INE determinó ayer, nueve días después de la renuncia de Taddei, solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización urgente de las compras del instituto realizadas de 2023, año en que llegó la expresidenta, a la fecha. Eso sin contar que alrededor de 30 funcionarios cercanos a ella ya presentaron su renuncia y que el Órgano Interno de Control ya revisa más de una decena de expedientes relacionados con la investigación.
Hay que decirlo con toda claridad: Guadalupe Taddei no apareció de la nada en 2023.
Cuando la oposición sale hoy a rasgarse las vestiduras intentando colocarle una etiqueta partidista, sólo evidencia una amnesia tramposa. Conviene recordar que en marzo de 2023, ante la imposibilidad de elegir a una de las integrantes de la quinteta de aspirantes, el proceso se resolvió mediante insaculación —un mecanismo que prevé la ley desde hace más de una década—, y fue precisamente Santiago Creel el encargado de sacar el papelito que definió la presidencia del INE.
Pero hay un dato aún más revelador sobre su trayectoria: Taddei llegó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Sonora el 1 de octubre de 2014, tras su designación nada más y nada menos que por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presidido por Lorenzo Córdova Vianello. La propuesta para que la sonorense encabezara el instituto se aprobó con diez votos a favor, entre otros, los de Córdova, Edmundo Jacobo Molina y Ciro Murayama.
No podemos olvidar que su nombramiento no fue un hecho aislado, sino parte de un engranaje cuidadosamente operado por quienes entonces controlaban la autoridad electoral. Por mucho tiempo la designación de los titulares de los institutos locales respondía a cuotas y acuerdos cupulares, mismos que afianzaron redes de control y complicidad que hoy pretenden desconocer. Aquel INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama avaló y cobijó decenas de perfiles que hoy integran la burocracia dorada del instituto. Pretender ahora que la llegada de Taddei a la máxima posición de dirección representó una ruptura con ese pasado es ignorar deliberadamente que su carrera creció y se consolidó al amparo de las mismas reglas y personajes que hoy se rasgan las vestiduras intentando dar lecciones de pulcritud institucional.
Pretender culpar a Morena por un perfil que lleva más de una década siendo respaldado por la estructura técnica del viejo régimen es, cuando menos, una enorme hipocresía. Que las investigaciones sigan su curso con todo rigor y transparencia, pero sin distorsionar la historia ni inventar filias donde sólo hay un andamiaje institucional que la propia oposición diseñó, operó y del cual se benefició por años.