Hay un dato en la revelación de Raquel Buenrostro sobre el caso INE que dice más sobre la arquitectura del Estado mexicano que la propia cifra de los contratos.
Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas no llegaron a la burocracia electoral con la supuesta transición democrática. Su entrada al servicio público fue en 1983, en el Registro Nacional de Población (Renapo), donde José Alfredo era secretario particular de la Dirección General. Para 1989, el mismo equipo migró al Cisen, en plena reorganización de la inteligencia estatal bajo la Secretaría de Gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El dato no es menor para entender la continuidad de ciertas inercias. Los contratistas que en la última década acumularon más de 2 mil millones de pesos en licitaciones repartidas en 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) no improvisaron su modelo de inserción. Se formaron en las oficinas donde se concentraba el control de la información y la identidad ciudadana antes de la existencia del IFE.
Cuando la fiscalización electoral comenzó a operar bajo la premisa de la autonomía institucional, la red empresarial adaptó sus vías de contratación. Durante casi diez años, el entramado funcionó sin alertas ni revisiones por parte de los órganos de control interno ni de la presidencia del entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien ha reconocido públicamente que, durante su gestión, sí tuvo conocimiento de la concentración de contratos en las empresas de los hermanos Hernández Casillas. Al parecer, a la máxima autoridad del instituto no le prendió las alertas esta información o sencillamente decidió dejarlo pasar en abierta complicidad con los contratistas. Francamente, no se podía esperar honestidad de quien, tan pronto dejó su posición como árbitro electoral, formó un partido político.
Este entramado de corrupción es precisamente lo que intenta desentrañar la Auditoría Superior de la Federación, que la semana pasada hizo público que se detectaron múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público en el IFE, INE y en los OPLE. En ese sentido, informó sobre tres líneas que guían sus investigaciones en curso: 1) irregularidades en las contrataciones públicas de los OPLE y del Instituto Nacional Electoral; 2) un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y los OPLE entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales, y 3) una auditoría integral al INE y al gasto federalizado que se ejerce en los institutos locales.
En suma, lo primero es el mapeo corporativo. La ASF mantiene en la mira a un conglomerado de siete empresas fachada y de servicios que se turnaban las licitaciones para simular competencia en los procesos de adquisición. Lo segundo es el factor humano: una lista de 83 personas físicas —entre apoderados legales, socios y prestanombres— que permitieron articular las adquisiciones en los 23 OPLE. Lo tercero, y quizá lo más delicado para la vida interna del instituto, son los 89 vínculos operativos identificados entre esta red empresarial y funcionarios en activo del propio organismo electoral. No se trata únicamente de revisar las firmas, la investigación de la ASF apunta a determinar la complicidad interna que permitió que las omisiones en los filtros de fiscalización se volvieran la normalidad.
Hay que decirlo: las indagatorias de la ASF no sólo abarcan los dos años que Taddei dirigió el instituto, sino las administraciones de Woldenberg, Ugalde, Valdés y Córdova también están bajo investigación.