La Ley y la impunidad

El problema más grave de México es, sin duda, la impunidad y la falta de la cultura de la legalidad. La falta de cultura de la legalidad nos hace aceptar situaciones atípicas que serían inconcebibles en cualquier país decente. La base de la democracia liberal es la ley y por eso los cargos públicos hacen un juramento antes de iniciar su gestión para cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. El problema es que en México ese juramento no nos lo hemos tomado en serio ni por los políticos ni por la gente que desprecia la aplicación y coerción legal. 

El caso mexicano es de récord mundial porque, además, tenemos decenas de ejemplos donde la gente vota democráticamente por personas que han violado la ley o por partidos que albergan a quien ha violado la ley. Lo que la población no entiende es que la impunidad es un mal progresivo, que empieza con pequeñas cosas y termina tolerando lo inaudito. México hoy tiene muchos territorios totalmente controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. Esto por sí mismo debería espantarnos, pero no lo hace. De hecho, el país votó por la organización política que criticó durante una década, la acción de las fuerzas del orden contra el crimen organizado. 

¿Se ha reducido la violencia por permitirle al crimen explayarse a sus anchas? No, este sexenio tendrá más homicidios violentos que ningún otro en la historia reciente de México, pero el mexicano de a pie estaba más activo contra el uso de violencia del Estado que con la falta de ello. 

El caso del huachicol es emblemático. Al cerrar los flujos de gasolina en los ductos de Pemex, mucha gente, pueblos enteros que vivían de la venta de la gasolina robada se quedaron sin actividad económica. El Bajío es icónico. Esas familias que se quedaron sin el huachicol, no fueron detenidas ni procesadas por la idea falsa de que robaban para comer. 

El problema es que, sin la actividad de robo de combustibles, esta gente está desesperada y han buscado otras actividades delictivas para suplir su modus vivendi. Supongo que el gobierno no esperaba que esta gente se pusiera a trabajar o regresara al campo; en fin, los robos a camiones de carga y los secuestros se han disparado en muchas zonas tradicionalmente huachicoleras. 

Existe por parte de la llamada izquierda mexicana una confusión brutal en términos de lo que significa la palabra represión. Mantener el orden y defender los derechos de minorías no es una represión negativa, sino eso, el mantenimiento del orden. En México, el gobierno ha decidido abdicar de dichas responsabilidades y eso es muy grave. El crimen organizado ha tomado control no sólo de actividades delictivas, sino de actividades de la economía formal, donde pequeños negocios drenados de recursos para pagar extorsiones han rendido sus actividades al crimen organizados al ver que el Estado no los protege. 

 Así, hay lugares donde la venta de materiales de construcción o el pollo ya son actividades controladas por la delincuencia. Hacer las cosas bien en México es mucho más difícil que hacerlas mal. 

Ver caminar a un grupo armado por San Cristóbal de las Casas por el control de un mercado debería ser la nota de la semana, pero no lo es. La escasez de pollo provocada por quien ahora lo controla y considerando la importancia alimenticia que tiene para la población de menores recursos, debería tener la atención de los tres órdenes de gobierno. 

 Pero no se equivoque, estimado lector, los culpables somos los mexicanos que, con tal de no despeinarnos, no nos quejamos de nada y volvemos a votar por lo mismo. 

 Los gobiernos del futuro (partido y políticos) deberían ser más proactivos porque no habrá crecimiento económico mientras no haya certeza, y la certeza la da el orden. Duele mucho ver que se incentivan las conductas delictivas sin perseguir los delitos y que, siendo el principal problema de este país, no haya el interés político para resolverlo. Como lo he mencionado en múltiples artículos, México debe fijarse en la teoría de los cristales rotos, donde las conductas delictivas más elementales son las primeras que deben perseguirse para desincentivar las actividades delictivas más graves. Es la función primordial del Estado y la razón de su existencia.