A mi querido amigo Memo, feliz cumpleaños.
La constitución de México estableció, a propuesta del propio gobierno actual, que la Guardia Nacional dependería de un mando civil. Pero ahora el gobierno ha cambiado de opinión sin compartir una razón válida para ello. En términos de seguridad y siendo prácticos, hay muchos argumentos que el gobierno puede utilizar para explicar el cambio de señales, pero no ha usado uno solo de manera contundente.
Por otro lado, el PRI presentó una reforma para extender el plazo en el que se permite a las Fuerzas Armadas llevar a cabo actividades de seguridad pública hasta el 2028. Al respecto tengo opiniones encontradas. Primero, creo que la situación de seguridad nacional requiere a las Fuerzas Armadas participando activamente como contención del crimen organizado. Si usted me ha leído por algún tiempo, siempre he hablado bien de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen y he valorado su lealtad a México cuando se han tenido que enfrentar a un enemigo armado hasta los dientes, con la desventaja de no poder usar todo su arsenal debido a que la desproporción sería atacada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En segundo lugar, es importante aceptar que, salvo alguna excepción, las policías municipales y estatales no están en condiciones de enfrentar al crimen organizado ni están capacitadas para detener, investigar e integrar expedientes que puedan ser utilizados por las fiscalías estatales. Es un hecho y sin eso, la situación de seguridad nacional no mejorará. Por lo tanto, sin apasionamientos políticos, creo que la militarización de la seguridad pública es una opción pragmática y explicable.
Ahora bien, lo que no puede seguir pasando es que los gobernadores y los presidentes municipales basen su estrategia de seguridad en que el gobierno federal les envíe tropas militares a sacarles las castañas del fuego sin que, en 20 años, se haya hecho nada para mejorar a las policías estatales y municipales de México. Es por ello que creo que hay que implementar algunos incentivos para que los gobernadores y presidentes municipales trabajen en la capacitación y mejora de sus policías. ¿Cómo?
Primero, creo que, si un gobernador o presidente municipal solicite la presencia de las Fuerzas Armadas, esta presencia debe de tener una temporalidad de un año. Si la presencia militar debe extenderse, entonces dicho gobernador o presidente municipal deberá solicitar licencia a su cargo y el Estado será gobernado por un delegado especial y temporal, nombrado por el Senado de la República. La presencia militar y la ayuda federal no puede seguir siendo gratis.
Segundo, la presencia militar debe conllevar una estrategia integral. Esto lo he dicho muchas veces; condiciones extraordinarias, requieren medidas extraordinarias que garanticen el éxito de la misión militar y su temporalidad. Esto debería incluir estado de excepción para que las Fuerzas Armadas utilicen su arsenal contra el crimen organizado devolviendo el balance natural para que los policías puedan volver y mantener el control, además de fueros especiales.
La propuesta del PRI debe contener incentivos para que los gobiernos civiles lleguen a 2028 con la tarea hecha, o con consecuencias legales para los (ir)responsables de no hacerlo. Veinte años de fracasos ya estuvieron buenos.