La división de poderes

El manejo del poder siempre ha sido complejo. En la vida, las responsabilidades compartidas se manejan mejor. El punto es tener contrapesos, si alguien opina (y quiere ejecutar) algo que es evidente para sí, puede no serlo para otra persona y, por lo tanto, la decisión tiende a tomarse en consenso o considerando otros puntos de vista. En términos generales, es una forma virtuosa de decidir e incidir.

En la antigüedad y ahora hay la tendencia de que una persona decida por todos. Es un tipo de liderazgo seductivo, pero no efectivo en el largo plazo (no hay muchos Marco Aurelios).

Las circunstancias generan los problemas y, dependiendo de ellas, se requiere la practicidad y conveniencia de tomar decisiones rápidas y críticas. Pero esto debe ser excepcional y no una regla general. Las constituciones del mundo, incluida la mexicana, contienen esos casos de excepción para dar todo el poder a una persona. El punto es que ello conlleva dos elementos fundamentales; el primero es que es por excepción y el segundo es que es por un tiempo limitado.

La noción de que el poder dividido es mejor para ejercerlo tiene un origen de miles de años. Aristóteles ya hablaba de la “mezcla” de poder, pero su ejecución en el tiempo fue compleja. Piense usted, querido lector, que antes de tener el concepto de constitución, el poder se ejercía en la práctica por acuerdos o por la fuerza. Antes de que existiera el concepto de Carta Magna, que es, básicamente, las reglas del juego general, se determinaba la conveniencia de la ejecución del poder de manera cerrada y con la opinión única de una élite o persona.

Existen distintos tipos de constituciones, las escritas o las que se integran por el concepto de costumbre, base del sistema jurídico anglosajón del common law, que tiene muchos defectos (no más que nuestro sistema), pero que depende del buen juicio de las personas para establecer precedentes aplicables a la actualidad.

Un momento fundamental en la historia de Occidente es durante el reinado de Carlos I en Inglaterra y Escocia. El rey ya tenía un parlamento, pero decidió ignorarlo imponiendo una serie de impuestos a los pesos (tonelaje) del comercio. El parlamento que es, en principio, el representante del pueblo no aceptó la medida y determinó como traidores a la patria a quienes pagaran (y cumplieran) la ley del rey. Como es sabido, el rey y el parlamento entraron en una guerra que sería fundamental para la confirmación de la separación de poderes. Oliver Cromwell, líder del parlamento, llevó a Inglaterra a una guerra civil que ganó, y le costó la cabeza a Carlos I. Desde entonces dicen que al pie de las escaleras por donde bajan los monarcas ingleses existe un busto de Carlos I y en su base dice “Remember”.

Toda esta reseña viene a recordar que el concepto de separación de poderes tiene siglos y pocos países (casualmente los decentes y desarrollados) lo han podido establecer exitosamente. Evidentemente, nosotros no.

Hace unos días, en España, un país que es parte fundamental de nuestra identidad (aunque les duela a quienes les duela), nos dio una clase de lo que es el concepto de separación de poderes. España es un país parlamentario; después de la muerte de Franco entendieron que ya habían tenido demasiado de hombres fuertes. El punto es que un señor, que preside la Comunidad de Cataluña, se negó a quitar los lazos amarillos que protestan el procesamiento de algunas figuras que trataron de dar un golpe de Estado. El Tribunal Supremo (hasta el nombre me gusta) determinó que el señor Torra está inhabilitado para ejercer cargos públicos por no quitar unos pedazos de tela.

La función de guarda de la legalidad del Tribunal Supremo de España es lo que garantiza la continuidad y estabilidad política. Esta semana, un juez de la Audiencia Nacional española ha iniciado e imputado al vicepresidente de España, Pablo Iglesias, un proceso penal por delitos derivados de violar la privacidad de datos personales. El punto es que, por inofensivo que parezca un delito, la Audiencia y el Tribunal Supremo están ahí para aplicar la ley. No toman medidas políticas, porque eso es traicionar el principio democrático, legal y liberal de la división de poderes.