Callejón sin salida

Para mi Brux, muchos más.

El proceso independentista impuesto por una minoría de españoles de Cataluña es un intento impresentable de saltarse leyes existentes y poderes del Estado como si estuviéramos hablando de la actual Venezuela. Una Comunidad Autonómica española gobernada por un grupo de partidos con la idea fija y falsa de que son un país sometido está diseñando un entramado legal (por decirle de alguna manera) que les sirva para iniciar la desconexión de España después de un referéndum ilegal. Han llegado al extremo de reducir requisitos y tratar de hacer un proceso fast track por encima del parlamento y tribunales. Lo único que falta es cambiar el porcentaje requerido en el referéndum a que, si la minoría vota por la independencia, ganan.

Es un espectáculo lamentable, ni siquiera todas las fuerzas que pretenden la independencia apoyan el proceso que ha propuesto el gobierno autonómico catalán. Aun así, al estilo del populismo más aberrante de Latinoamérica, el Presidente dobla la apuesta. Esta semana estuvo en otra gira internacional de las que acostumbran los presidentes catalanes para abrir sus embajadas que son en realidad una vacilada. El señor se presentó en Dinamarca y frente a un limitadísimo número de asistentes y sin la presencia de ninguna representación oficial de Dinamarca inauguró otra costosa casa sin mayor tarea que la de contestar de vez en cuando a algún articulista como quien suscribe.

¡Cómo se parecen los populistas, sean del tipo que sean! En EU hay un presidente que amenaza con salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contra lo que opinan gobernadores, legisladores y cámaras empresariales e industriales, con tal de saciar a un grupo de radicales donde basa su apoyo político. Y el señor Puigdemont no está lejos de lo mismo. Los propios empresarios e industriales en Cataluña han expresado su preocupación al considerar el proceso independentista como un salto al vacío. Primero porque una supuesta independencia sacaría al territorio independizado de la Unión Europea, cancelando los tratados que permiten la libre circulación de personas, capitales y mercancías. Se cobraría un arancel a los productos catalanes en toda Europa, incluyendo su principal cliente que es el resto de España. Pero también fabricar insumos en Cataluña bajo esa perspectiva incrementaría costos, ya que 31% de los insumos para la producción viene de España. Los españoles fuera del territorio catalán compran cerca de 54 mil millones de euros a Cataluña y de ello depende casi un millón de puestos de trabajo directos, según Convivencia Cívica Catalana.

Los pensionistas podrían cobrar hasta 27% menos al día siguiente de la desconexión. La fuga de empresas de capital extranjero ubicadas en Cataluña sería brutal; como una idea de ello hay que ver la fuga que sufre la Gran Bretaña con el Brexit, que debería ser un termómetro para los políticos responsables que quedan en Cataluña, porque está claro que, si las empresas globales no se quedan en Gran Bretaña con el tamaño de su economía, en Cataluña ni siquiera se platea una disyuntiva.

No sólo hay irresponsabilidad del lado catalán. El gobierno español trata este asunto como si fuera exclusivamente jurídico. Y sí, para un gallego, siempre hay que ser prácticos y el Tribunal Constitucional hace el trabajo sucio, pero el problema es político y el avance del sentimiento antiespañol que se ha permitido durante años ya no será fácil revertir. Puede ser inconstitucional plantear el referéndum y hasta desconectarse de España, pero ¿qué va a hacer con la gente que quiere irse? A España le urge tomarse en serio el problema de la percepción de muchos catalanes que han crecido con esa falsa idea de ser un territorio dominado por una potencia extranjera. Para ello, el control de la educación es fundamental; no se puede dejar que las generaciones nuevas de catalanes crezcan creyendo la historia alternativa que los independentistas les inyectan.