Nuevo Sistema Penal

El nuevo sistema penal ha expuesto en términos de las reacciones de los poderes del Estado, el nivel de madurez que existe en el país. Básicamente hemos visto como algo que se conoce desde tanto tiempo (la reforma constitucional se publicó el 18 de junio de 2008), con el propósito de dar oportunidad y tiempo a los poderes del Estado para planear y capacitar, se ha impactado con la mexicanísima pared de la incapacidad gubernamental. La reacción es de niños, los ejecutivos culpan a la reforma, a los jueces y a los legisladores de facilitar la salida de delincuentes, mientras que los jueces acusan a las fiscalías de no estar preparadas y capacitadas para ejercer sus funciones, y los legisladores no entendieron ni entienden que, en un queso con tantos hoyos, más hoyos dejan poco queso.

Como niños de diez años, los poderes del Estado se culpan del problema mientras que la sociedad mexicana se ve afectada por la incapacidad de sus autoridades para protegerla. El problema en el que estamos no es fácil de resolver. Las leyes están diseñadas para conducir comportamientos de manera general y de largo plazo, por lo que quienes opinan que hay que darle tiempo a la reforma tienen razón, pero el costo puede ser altísimo. Por otro lado, habemos quienes tenemos una visión más pragmática de las cosas basadas en un objetivo particular. Todos queremos llegar al mismo lugar, tener un Sistema Penal justo y expedito en el que se castigue al delincuente, se defienda y proteja a las víctimas, y donde se reduzca el encarcelamiento de inocentes (que es un tema en México); pero ¿debemos sufrir años de ineficacia penal mientras llegamos a ese punto?

Desde mi punto de vista debemos tomar medidas temporales para que las cosas funcionen, no podemos esperar sentados mientras gente peligrosa es liberada porque los legisladores pensaron en un sistema garantista, las fiscalías no saben lo que hacen y los jueces son tramitadores de expediente. Por lo que el Estado mexicano debe ponerse a trabajar en medidas temporales y eficaces que garanticen que los delincuentes se queden dentro de la cárcel, baje la inseguridad y haya eficacia en el sistema general de seguridad y justicia. También debe haber un sistema de responsabilidades en el que se castigue la omisión de capacitar a las fiscalías, policías o a los jueces que piensen que su trabajo es de gestionar expedientes sin tener una visión clara del fin deontológico de su función.

No me queda claro que los funcionarios de los poderes tengan un cálculo preciso de qué tan harta está la gente respecto de la incapacidad del Estado frente a la inseguridad. La opción está a la mano de todos y los hoyos del queso pueden ser aprovechados por todos, no sólo por los malos y esa película ya la vimos en Michoacán; distinguir malos de buenos se vuelve difícil. La eficacia en los temas de seguridad es una urgencia, mientras que el trabajo para tener un Estado de derecho es lo importante; las dos deben ser atendidas al mismo tiempo o esto va a ser el Viejo Oeste (y con razón). El Estado mexicano no termina de entender el poder de incentivar conductas, por lo que en lugar de incentivar las buenas genera situaciones injustas en las que incentiva las malas.

La eficacia en seguridad no es un lujo como piensan las autoridades, es un requisito sine qua non. De nada sirven autoridades inaugurando obras si el objetivo principal del Estado en el sentido amplio no se cumple ni se ejerce.

Candil de la Calle

No le salió muy bien al jefe de Gobierno de la constitucionalista Ciudad de México la cabalgata villista en Chihuahua, donde ofreció donar patrullas con dinero de los impuestos de los chilangos, mientras la Marina se liaba a tiros con el inexistente cártel del Oriente de la Ciudad, que acabaría con la muerte del líder y con acciones muy profesionales y tácticas de bloqueos e incendios, que tienen por objeto desestabilizar y causar miedo. Bastante notable para una organización criminal que no existe.