Política pública deficiente
Es conocido por todos que México es un país sobrerregulado, pero sin capacidad real de aplicar las múltiples y, en ocasiones, ociosas regulaciones que a veces sólo sirven para entorpecer la actividad económica y promover la corrupción.
Las políticas públicas son el origen de las regulaciones. Las políticas públicas son diseñadas o, deberían serlo, para incentivar, motivar y regular las conductas de los ciudadanos para un fin específico. El primer error de nuestras autoridades es que el fin no siempre está identificado, sino que se busca más copiar una tendencia regulatoria en el primer mundo. Para llevar a cabo políticas públicas, debe haber un estudio muy profundo sobre las condiciones del sector que quiere regularse para poder definir el camino a seguir para modificar las condiciones actuales al fin de la política pública. ¿Quién lleva a cabo el estudio y el diseño regulatorio? Una burocracia capacitada y experta en un tópico. ¿Esto pasa en México? La respuesta es: pocas veces.
Perdone usted que me ponga un poco técnico, paciente lector, pero es importante entender dónde están las fallas de nuestro sistema regulatorio.
Las políticas públicas se componen de tres elementos, el primero es la norma o la regulación, el segundo es la infraestructura y la inversión y el tercero, el incentivo para motivar la adopción de la nueva conducta. En México normalmente sólo hay un tercio de lo que requiere una política pública: la regulación.
Un par de ejemplos. El gobierno de la CDMX está muy preocupado y, con razón, de la contaminación causada por los vehículos automotores. La verificación es una política pública que pretende identificar y limitar la circulación de los vehículos que más contaminan. El gobierno de la CDMX no se explica por qué la gente sigue pensando que transportarse en coche es mejor, aunque contamine más. En este caso es evidente que no hay incentivos para dejar el coche en casa por la falta de infraestructura de transporte público eficiente y, más importante aún, conveniente. Ahora hay una nueva propuesta para limitar los cajones de estacionamiento en la ciudad para hacer más difícil la vida a los que llevemos coche y eso pretende motivar la conducta de dejar de usar el coche. Tiene lógica, pero no es la manera de llegar al fin.
Tokio es una ciudad muy parecida a la Ciudad de México en términos de población permanente y flotante. Tokio tiene un problema para la industria automotriz, y es que ya no se venden vehículos como antes. Pronto, los cajones de estacionamiento que existen empezarán a sobrar. Esto sucede porque, sea usted presidente de una corporación o un barrendero, le conviene usar el transporte público tokiota, que es de los más eficientes y limpios del mundo. Moverse en Tokio es muy fácil y las redes de trenes y Metros tienen un alcance amplio que limita el movimiento sobre las calles, lo que reduce el tráfico y la contaminación. Hay regulación, inversión en infraestructura e incentivos. En México hay sólo regulación y la falta de inversión en infraestructura y en los incentivos se trata de equilibrar prohibiendo conductas. Por lo tanto, al regulado se le generan más problemas que los beneficios de la política pública. En la CDMX la gente prefiere estar en un coche cuatro horas al día (20 horas por semana) contaminando y consciente del problema de salud pública porque la opción es peor.
Otro ejemplo es la introducción de tecnologías altamente eficientes como los vehículos híbridos, eléctricos y de celdas de hidrógeno que en países civilizados ya son realidad. Para lograr que la gente prefiriera la compra de estas tecnologías más caras, los gobiernos decentes invirtieron en estaciones de carga eléctrica y de hidrógeno y pagaron con dinero público a quienes compraron las tecnologías reduciendo el impacto económico del cliente y aumentando el volumen para reducir costos de quienes producen dichos vehículos, lo que reducirá en el tiempo los recursos destinados a los propios incentivos. Se llama círculo virtuoso; nosotros somos expertos en círculos viciosos. Cuando se introdujeron los vehículos híbridos, los clientes que los adquirían recibían del gobierno (federal y estatal) diez mil 500 dólares de un coche que valía 35 mil dólares. La decisión es obvia, hoy en Japón los híbridos son más de 40% de las ventas de coches.