Llanto por el tirano

Parece que pecamos de ingenuos quienes creímos que, una vez depuesto Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela sería asumido por Edmundo González, vencedor indiscutible, por amplísimo margen, en la elección presidencial de 2024 y, por tanto, único legitimado para gobernar su país.

Yo soy uno de esos crédulos. No es que creyera que Trump había experimentado una metamorfosis virtuosa en virtud de la cual se hubiese transformado en un devoto demócrata y, por ende, se propusiera restaurar la democracia en la nación sudamericana. Pero pensé que, de transferirse el poder al único que legítimamente tiene derecho a gobernar, el presidente estadunidense mataba dos pájaros de un tiro: la detención del narcodictador asesino y el beneplácito de la gran mayoría de los venezolanos y de una buena parte de la comunidad internacional. Y, desde luego, una posición ventajosa para los negocios relativos al petróleo.

Los hechos fueron distintos. La dictadura está intacta, y ahora será una dictadura títere. La nueva usurpadora cambió en un santiamén su discurso: de la encendida condena a la detención de los dos héroes —así llamó a Maduro y a su mujer— al ofrecimiento de colaboración con el odiado imperialismo yanqui. Claro, no podemos olvidar que entre una y otra postura medió la amenaza de Trump: si Delcy Rodríguez no se pliega a sus exigencias, su suerte podría ser peor que la de Maduro.

La Presidenta de México condenó la aprehensión del sátrapa con el argumento de la soberanía de los pueblos, pero en su momento no condenó que Maduro se haya robado la elección presidencial. Y en este punto es indispensable preguntarnos: ¿quién es el titular de la soberanía de un país: el gobierno o los ciudadanos? Al robarse la elección, en la que fue derrotado por 7 a 3 a pesar de las circunstancias desventajosas en que compitió la oposición, Maduro estaba despojando a los ciudadanos venezolanos de decidir qué gobierno quieren. Es él, por tanto, quien violó la soberanía ciudadana. Lo sabe la doctora Sheinbaum, lo sabe el doctor Juan Ramón de la Fuente, y ambos prefirieron callar por una extraña afinidad ideológica con el tirano.

Extraña afinidad porque Maduro y Chávez hundieron a su país con una rapidez asombrosa. Con ellos en el poder, en Venezuela ha sido una realidad cotidiana el asesinato de opositores y críticos, la multiplicación de presos políticos —hoy son alrededor de un millar—, el deterioro incesante de la calidad de vida de los venezolanos, la huida de su país de la cuarta parte de la población, la captura del Poder Judicial y del Poder Legislativo, la supresión de las libertades democráticas, la creación de grupos paramilitares para reprimir a los inconformes, el deterioro del sistema de salud, la escasez de productos de primera necesidad —incluyendo alimentos, medicinas y artículos de higiene—, la degradación de la educación, la complicidad con el narcotráfico y con grupos guerrilleros, la presencia masiva de agentes cubanos y un largo etcétera.

La represión desatada contra quienes protestaron contra el fraude electoral ha sido brutal: miles de detenciones —muchas de ellas de menores—, torturas y violaciones en las mazmorras del chavismo, secuestros, amenaza a familiares de opositores, inducción a las delaciones… un extenso catálogo de terrorismo de Estado. 

                Es hipócrita reprobar la detención del opresor sin haber desaprobado sus crímenes. Sí, el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas señala que los miembros de la ONU han de abstenerse de recurrir a la amenaza o a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Pero el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es rotundo: “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

Los derechos y libertades del individuo, su dignidad, por encima de cualquier razón de Estado, de cualquier interés de grupo: la dignidad del ser humano como valor supremo. En palabras de Luigi Ferrajoli: “… son derechos supraestatales a los que los Estados están vinculados y subordinados también en el plano del derecho internacional…” (Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta).