Cárcel o escaño. El Legislativo, refugio de…

Ahora tenemos en el universo de 409 candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional o plurinominales, casos que ruborizarían hasta al viejo priismo, tan lleno de mañas y recovecos para librar prohibiciones.

Al amparo de los criterios laxos que adoptó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2018, que permitió la llegada al Senado de personas cuya candidatura violaba la Constitución, en este 2024, los partidos políticos abren la puerta a que sus militantes libren la cárcel y el repudio social, para que se conviertan en legisladores federales. Y en este caso, ninguno puede tirar la primera piedra.

En 2018, el TEPJF, cuyos integrantes de Sala Superior son los mismos de este 2024, permitieron que una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, llegara al Senado, a pesar de que la Constitución prohíbe que un ministro de la Corte se convierta en legislador federal, salvo que se haya separado de su encargo tres años antes. El argumento oficial fue hasta de burla: ella era ministra en retiro, no exministra.

También permitió que tres personas con doble nacionalidad: Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia y Jaime Bonilla se convirtieran en senadores, aun cuando el artículo 33 de la Constitución deja en claro que los cargos y funciones para los que se requiere ser mexicano por nacimiento, como lo es un puesto de elección popular, se reservan a quienes “no adquieran otra nacionalidad”.

Y también permitió que el entonces gobernador en funciones, Manuel Velasco, se convirtiera en candidato plurinominal al Senado un día antes de la elección, aunque las reglas electorales establecen que los cambios de candidaturas se tienen que hacer a más tardar un mes antes de los comicios.

Ahora tenemos en el universo de 409 candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional o plurinominales, casos que ruborizarían hasta al viejo priismo, tan lleno de mañas y recovecos para librar prohibiciones.

El caso más fuerte es el de Eugenio Hernández, exgobernador priista de Tamaulipas, acusado por el gobierno de Estados Unidos por peculado y operaciones de procedencia ilícita. Fue encarcelado en el Centro Penitenciario de Tenango del Valle el 6 de octubre de 2017 y en agosto de 2023 un juez le concedió amparo para llevar su proceso penal en libertad. Es decir, está sujeto a un proceso penal. ¡Y el Partido Verde Ecologista de México lo inscribió como su candidato de mayoría por Tamaulipas!

Ricardo Anaya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por recibir un soborno de seis millones de pesos por “votar a favor de la reforma energética”. El proceso penal está abierto y él tuvo que irse a vivir fuera de México. Desde el exilio, el PAN lo convirtió en su candidato plurinominal al Senado.

Eliseo Fernández Montufar está acusado por el gobierno morenista de Campeche de peculado por 50 millones de pesos. Es candidato de mayoría relativa de Movimiento Ciudadano para el Senado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca es acusado por el gobierno de Tamaulipas y por el gobierno federal de actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado. Él ha logrado amparos, pero los procesos están abiertos y es candidato a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Pero las irregularidades no quedan ahí. Morena quiere que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sea diputado federal plurinominal por la Cuarta Circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, a pesar de que la Constitución prohíbe que un gobernador sea candidato por una circunscripción a la que pertenezca su estado, como es este caso, aun si solicita licencia.

El perredista Silvano Aureoles está inhabilitado por 11 meses, que vencen el 1º de junio de este 2024, y es candidato del PRD a diputado federal. Santiago Nieto es candidato de Morena al Senado por Querétaro, pero no cumple el requisito de residencia, porque vivió en Hidalgo hasta hace unas semanas, y Movimiento Ciudadano quiere hacer diputada a la que se dedicaba a vender tareas a estudiantes, para que acreditaran su carrera universitaria con trampas.

México ¿se merece esto? Yo sostengo que no.

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