En México tenemos una relación extraordinaria con la muerte. Le dedicamos altares, flores, música, comida y tequila. La convertimos en poesía, tradición y celebración. Cada Día de Muertos abrimos simbólicamente las puertas de nuestras casas para recibir a quienes ya se fueron. Pero qué difícil es hablar de la muerte con la misma naturalidad cuando no se trata de recordar a los difuntos, sino cuando la persona que está muriendo todavía está entre nosotros.
Esta semana, Fátima Masse publicó una columna en Opinión 51 que comienza con una frase conmovedora: “Este año mi papá estará en el altar de mi casa”. Él murió recientemente después de 14 años de luchar contra el cáncer.
El viernes por la noche platicaba con una querida amiga del colegio que recibió de su oncólogo una de las noticias más difíciles de escuchar: su cuerpo está demasiado deteriorado para continuar con los tratamientos y ya no existen alternativas terapéuticas para ella. Ahora recibe cuidados paliativos. Después del impacto inicial, ha comenzado a pensar con serenidad en su funeral y a despedirse de quienes ama. Tenemos la misma edad. Mientras la escuchaba, pensaba que una de las conversaciones más difíciles no es sobre la muerte, sino sobre cómo queremos vivir el tiempo que nos queda.
¿Qué ocurre cuando la muerte deja de ser una tradición y se convierte en un diagnóstico?
La medicina ha conseguido avances extraordinarios para prolongar nuestra existencia, pero el sistema de salud sigue quedándose corto para garantizar que el derecho a vivir con dignidad nos acompañe hasta el último instante. La Ley General de Salud mexicana define la enfermedad terminal como un padecimiento avanzado, irreversible, progresivo e incurable, con un pronóstico de vida inferior a seis meses y, por lo tanto, las prioridades de la atención médica deben enfocarse en aliviar el sufrimiento, preservar la autonomía y procurar la mejor calidad de vida posible.
La dimensión del problema es enorme. Según estimaciones de la OMS, 57 millones de personas necesitan cuidados paliativos cada año, pero apenas 14% los recibe. Es decir, millones de pacientes enfrentan enfermedades graves sin apoyo para controlar el dolor, la dificultad respiratoria, la angustia o el sufrimiento emocional.
Los cuidados paliativos son atención médica especializada que debería comenzar mucho antes de la etapa terminal y coexistir con tratamientos dirigidos a la enfermedad. Incluyen medicamentos, apoyo psicológico, acompañamiento familiar y, cuando corresponde, atención espiritual. Su propósito no es acelerar ni retrasar la muerte, sino mejorar la vida que todavía queda. Para las familias, aceptar que alguien querido está muriendo puede sentirse como una traición. Suspender un tratamiento puede confundirse con abandonarlo. Para los médicos, reconocer que una intervención ya no ofrece beneficios significativos exige conocimiento, sensibilidad y valentía. ¿En qué momento hacer todo lo técnicamente posible deja de significar hacer lo mejor para el paciente?
La obstinación terapéutica consiste en recurrir a intervenciones desproporcionadas o inútiles que prolongan la agonía sin ofrecer beneficios reales. Evitarla no significa dejar de cuidar, sino comprender que prolongar la vida y prolongar el proceso de morir no siempre son lo mismo.
Nuestra legislación reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos, rechazar determinados tratamientos y expresar anticipadamente decisiones médicas. Por su parte, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido permanecen prohibidos.
El debate sobre la muerte asistida enfrenta convicciones profundas. Sus defensores invocan la autonomía personal y el derecho a decidir frente a un sufrimiento intolerable. Sus detractores advierten riesgos de abuso, presiones sobre personas vulnerables y conflictos con los principios de la medicina. Son argumentos que merecen discutirse con seriedad, sin prejuicios ni simplificaciones.
Pero ¿cómo hablar de libertad para decidir sobre el final de la vida cuando tantas personas ni siquiera pueden acceder a cuidados paliativos adecuados? Antes de discutir el derecho a morir, es prioritario garantizar que nadie quiera morir por falta de atención, alivio o acompañamiento.