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Regreso de Cienfuegos, revés para EU

José Buendía Hegewisch

José Buendía Hegewisch

Número cero

El vuelco súbito del caso Cienfuegos denota la enorme contingencia o “nuevas realidades” para México de las posiciones de fuerza de las agencias de seguridad e inteligencia estadunidenses. La orden del gobierno de EU de retirar los cargos al exsecretario de Defensa para volver al país y ser enjuiciado por la justicia mexicana es una victoria para la diplomacia mexicana sobre ellas, pero deja un grave antecedente por la demostración de poder de esas agendas sobre la cooperación anticrimen. Deja también una dura prueba para la justicia mexicana, al obligarse a investigar los delitos por los que una fiscalía de Nueva York acusaba al militar de conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La crisis diplomática no parece cerrarse con su liberación. El caso encierra interrogantes que golpean a la justicia estadunidense y apuntan a posibles extralimitaciones de agencias de seguridad, como la DEA, sobre los intereses de la política exterior de EU. Las inconsistencias en el proceso, desde la detención unilateral hasta el acuerdo de entrega a México —que no es público—, son un revés para EU; que no alcanzan a justificarse con las versiones de la amenaza de México de reducir la cooperación antinarcóticos o el temor de que funcionarios estadunidenses fueran señalados por Cienfuegos. La decisión del fiscal general, William Barr, advirtieron los demócratas en el Senado, “corre el riesgo de menoscabar la fe en el sistema de justicia de EU e impulsar la impunidad a los más altos niveles en México”. ¿Cómo y por qué llegó tan lejos la acusación de la DEA? ¿Dónde estaba el frente unido que hoy esgrime Barr para justificar un acuerdo político?

Evidentemente, el general fue maltratado por la DEA y el Departamento de Justicia con su arresto, sin detenerse en las formas diplomáticas y de la cooperación entre dos países miembros del Comando Norte. Entre los militares corre la versión, incluso, de que le colocaron grilletes en los tobillos, como a un delincuente peligroso, en Los Ángeles, el pasado 15 de octubre, al ser detenido en el aeropuerto en viaje con su familia. No hay fotos, pero el agravio creció con la decisión de un juez de negar la libertad bajo fianza por el riesgo de fuga.

El peligro se diluyó un mes después, algo se movió o trastornó enteramente. El exzar antidrogas en el gobierno de Bill Clinton, el general Barry McCaffrey, desde un principio calificó su detención, en una entrevista con León Krauze, como una “provocación” de gente “incompetente, impulsiva y fuera de la ley” en el gobierno de EU. Ahora, el retiro de los cargos para devolverlo a México es un reconocimiento de esa mala decisión de acusarlo con pruebas dudosas y de los riesgos para la cooperación en seguridad por conflictos entre agencias estadunidenses. ¿Es acaso una represalia por la liberación de Ovidio Guzmán? ¿Una maniobra para obtener presupuesto?

López Obrador logró eludir el mayor golpe al prestigio de las Fuerzas Armadas y una situación delicada para la soberanía, sobre todo por el malestar patente de los principales aliados de su gobierno. Pero la falta de límites en la actuación de EU queda como mal mensaje. La diplomacia ganó una batalla, en la que se dejó sentir la capacidad persuasiva de los militares sobre la colaboración antinarcóticos en el alegato para reclamar la excarcelación de Cienfuegos. La disyuntiva en que puso a la política exterior mexicana la resumió Ebrard en un “no puedes tener cooperación cercana y hacer esto”, en un comentario que recoge sus presiones por fijar límites a EU como un problema de seguridad nacional.

El combate a las drogas y la corrupción forman parte de una agenda compleja de Washington hacia México, pero el caso Cienfuegos debe servir para valorar hechos posteriores en varios sentidos. Primero, las acciones unilaterales en materia de seguridad juegan contra los intereses de ambos países, como muestra el hecho de que se haya puesto en el terreno de la negociación la operación de la DEA en el país. En segundo lugar, el reto para la justicia mexicana de demostrar capacidad para investigar la corrupción en las más altas esferas del gobierno y de la cúpula militar. Todavía queda mucho por escribir sobre esta historia, sobre todo por el abordaje de la nueva administración Biden en esta crisis diplomática.

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