Hace casi dos años, en octubre de 2024, a pocos días de haber iniciado la Presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, leía yo un libro sobre Maximiliano y Benito Juárez. Entre sus páginas encontré un episodio que, aunque ocurrió hace casi dos siglos, me resultó inquietantemente familiar frente al contexto político que vivíamos entonces. México llegó a tener dos presidentes.
Por un lado, Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ante la ausencia del presidente constitucional asumió, conforme a la Constitución, la Presidencia de la República. Por el otro, Félix María Zuloaga, quien fue proclamado presidente por quienes desconocieron la Constitución y dieron paso a uno de los periodos de mayor fragilidad institucional de nuestra historia.
Dos hombres, dos ideas, dos mandos, dos concepciones sobre quién tenía derecho a gobernar. Hoy, casi dos años después, el contexto vuelve a rimar.
Porque lo que ocurre en Sinaloa no puede analizarse únicamente como un episodio más de la complicada vida política del país. La reaparición de Rubén Rocha Moya y su decisión de retomar el ejercicio del gobierno, después de encontrarse sujeto a investigaciones, abre preguntas mucho más profundas: ¿Quién ejerce realmente el poder? ¿Auspiciado por quién? ¿A quién responde? ¿Quién le instruye?
Y, sobre todo, ¿quién tiene la capacidad de hacer que un gobernador se aparte del cargo y, posteriormente, decida regresar a ejercerlo y volverlo a dejar?
Después, verse abandonado y doblegado por sus pares morenistas, por su partido y por la Presidenta, vuelve a pedir licencia, dejando abierta la pregunta sobre quién está atrás de este ir y venir.
Por eso resulta particularmente delicado que, en medio de investigaciones y señalamientos, pueda instalarse la percepción de que existen dos poderes: uno formal, el que establecen las leyes, y otro real, capaz de determinar lo que ocurre detrás de ellas.
Y aquí aparece inevitablemente la sombra del pasado, porque si el episodio de Juárez y Zuloaga nos enseñó algo, es que la fragilidad institucional comienza cuando la autoridad deja de ser una sola y cuando la legitimidad constitucional empieza a competir con otras formas de poder. Y es aquí donde inevitablemente aparece la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial el 1 de octubre de 2024. Pero junto con ella recibió también un cuestionamiento que desde entonces ha acompañado a su gobierno: ¿hasta dónde llega la influencia política de su antecesor?
No se trata solamente de saber si López Obrador interviene o no en una decisión determinada. Se trata de algo más profundo: de saber si existe todavía un poder político capaz de condicionar decisiones desde fuera de las instituciones y fuera de los cargos que formalmente otorgan autoridad.
Si lo que ocurre en Sinaloa fuera consecuencia de una decisión tomada o alentada desde ese espacio de poder, estaríamos frente a algo mucho más delicado que una disputa local. Estaríamos frente a la coexistencia de dos centros de poder.
Porque una cosa es la continuidad natural de un liderazgo y otra muy distinta es que exista la percepción de que las decisiones del Estado pueden estar siendo tomadas, orientadas o condicionadas por alguien que ya no ocupa el cargo desde el cual tendría constitucionalmente la facultad de hacerlo.
Y quizá ésa sea la verdadera discusión que este episodio vuelve a poner sobre la mesa.
En 1858, México tuvo dos presidentes porque dos grupos distintos reclamaban para sí la legitimidad del poder.
Hoy la pregunta es diferente, pero no menos incómoda: ¿tenemos un solo centro de poder o estamos frente a dos?
Porque si el gobierno formal está en Palacio Nacional, pero algunas decisiones parecen encontrar su explicación en otro lugar, entonces la pregunta es quién manda.