Ante la expectativa de lo que sucedería en el México-Inglaterra, precisamente por eso, porque pocas cosas angustian más que estar a la espera de que comience un juego trascendental de futbol, nos pusimos a rememorar sobre dos acontecimientos que en los últimos días han estado en el debate, pero con mucha menor presencia de la que deberían.
Una es la negativa estadunidense para prorrogar el T-MEC. No se entiende o no se quiere entender que lo ocurrido puede ser el prólogo de una catástrofe económica para el país, quizás porque quienes hoy nos gobiernan, hace 30 años, cuando se negoció y aprobó el TLC, decían que el tratado destruiría el país, acabaría con nuestra soberanía y terminaríamos siendo algo así como una colonia estadunidense (no estoy exagerando: eso decían). Hoy aceptan su importancia, pero no terminan de comprender qué implica, qué trascendencia tiene el T-MEC.
Han pasado los años y el TLC, y luego el renovado T-MEC, ha demostrado ser lo mejor que le ha pasado a la economía nacional (y a la de esta región del mundo) en su historia contemporánea. Es la piedra angular sobre la que se asienta la economía del país y parte de las cadenas productivas de América del Norte. Pensar, decir, que la no prórroga no nos afecta, que es lo mejor entre lo peor que nos podría haber pasado, es una tontería. Y lo es porque estamos en esta situación no por las veleidades del trumpismo, sino porque durante el gobierno de López Obrador y en los inicios del de Claudia Sheinbaum con las reformas constitucionales aprobadas, se violó una y otra vez el tratado: hay hoy 16 controversias en tribunales internacionales contra México por violaciones al T-MEC que van del ámbito energético a las telecomunicaciones y de temas agrícolas a judiciales.
Hemos violado el tratado con la reforma judicial, con la desaparición de los organismos autónomos, con la energía, haciendo trampa con el acero y el aluminio, y con las reglas de origen, introduciendo productos chinos como si fueran mexicanos. Si hemos retrocedido en el T-MEC y si estamos ante el riesgo de que algún día Trump o alguno de sus sucesores decida retirarse del tratado ha sido por la acción negligente del gobierno federal. Recuperar la plenitud del tratado no sería muy difícil si el gobierno federal aceptara regresar a las normas que el Estado mexicano se comprometió a cumplir.
Pero quienes no están preocupados por lo que sucederá con el T-MEC también ignoran conscientemente que existe una dimensión política, de seguridad y seguridad hemisférica que no se puede ignorar y que va unida a éste.
Estados Unidos quiere negociar el T-MEC incluyendo temas de seguridad y de integración hemisférica. Como dijo el propio negociador estadunidense Jamieson Greer, de lo que estamos hablando es de “una integración de cadenas productivas binacionales en un contexto hemisférico”. Busca consolidar a Norteamérica como “una fortaleza económica fuertemente protegida” frente a competidores externos, principalmente China. Esta visión está condicionada a una estricta alineación geopolítica. Y lo quiere hacer a través de mecanismos vinculantes específicos enfocados en la seguridad nacional.
Todo esto tiene un complemento. La necesidad, que es la aspiración estadunidense y de muchos en México, de un tratado de lucha contra el crimen que vaya mucho más allá de los convenios de colaboración, que terminan siendo como llamados a misa, cada uno decide si asiste a ellas o no. Un tratado que establezca, como ha ocurrido en la economía y el comercio con el T-MEC, desde normas y obligaciones hasta instituciones comunes. Un tratado de estas características implicaría, entre otras cosas, crear un marco jurídico permanente y vinculante, común, enfocado exclusivamente en la seguridad.
Y estaría construido sobre tres bases: establecer responsabilidades claras, fijando metas numéricas e institucionales obligatorias tanto para México como para EU; una alineación jurídica en casos de corrupción mediante la cual se regule la actuación y los procesos judiciales ante acusaciones de funcionarios públicos vinculados a cárteles, evitando crisis diplomáticas, como la que estamos viviendo ante la negativa del gobierno mexicano de detener a los funcionarios acusados en Sinaloa; un ataque integral a las redes trasnacionales del crimen que impliquen la coordinación de operaciones conjuntas en tiempo real para desmantelar de manera simultánea el tráfico de fentanilo hacia el norte y el flujo ilegal de armas hacia el sur.
Un tratado de estas características no sólo sería clave para avanzar en la seguridad, sino también en la certidumbre económica, quitando de la mesa del T-MEC el componente de seguridad, y permitiría también tener certidumbre política, metas claras y una operación eficiente en seguridad, incluso obteniendo financiamiento para muchas tareas claves de la seguridad pública, interior y nacional.
Se dirá, como se decía en 1994 cuando se firmó el TLC, que un tratado así violará la soberanía y que terminaremos dependiendo de EU. Eso decían, y se mostró falso con el tratado comercial, y eso dicen ahora para no llegar a un acuerdo de seguridad y también es falso. Y son los mismos, con la única diferencia de que ahora están en el gobierno, y lo que están cuidando, además, son sus intereses personales.
Eso es lo que verdaderamente está en la mesa de debates entre México y EU. Que avancemos o no en ello definirá buena parte de nuestro futuro inmediato como país.