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Pobreza e inseguridad: las dos crecen

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

Resulta desconcertante que el presidente López Obrador deseche las cifras de los organismos públicos del gobierno que él mismo encabeza, en lugar de asumirlos para revisar sus políticas públicas. En los últimos días, las cifras demuestran en forma abrumadora que la pobreza ha crecido en el país, que los apoyos sociales no llegan a donde deberían, que el sistema de salud no logra sobreponerse a la desaparición del Seguro Popular y que, en ese ambiente de mayor pobreza y desigualdad, la delincuencia y la inseguridad aumentan.

Mucho se ha hablado del apoyo social a los jóvenes para que se alejen de la delincuencia, pero lo cierto es que, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, el número de jóvenes delinquiendo aumentó 8.2 por ciento sólo en los últimos cuatro meses, basándose en el número de jóvenes detenidos.

Este aumento de jóvenes delinquiendo va de la mano con el aumento de la inseguridad, pero, sobre todo, de otra información que le proporcionamos la semana pasada: según el Coneval, en el último año aumentaron dramáticamente la pobreza y la pobreza extrema. Al iniciar 2021, había 55 millones 700 mil personas viviendo en pobreza, tres millones 800 mil más que el año anterior. De ellas, diez millones 800 mil viven en pobreza extrema, ese porcentaje pasó del 7 al 8.5 de la población.

El Coneval es la única institución del Estado mexicano responsabilizada de medir la pobreza y la desigualdad. El Presidente desechó esos datos, pero los mismos confirman la razón por la que fue despedido Gabriel García Hernández, el encargado de los programas sociales de Palacio Nacional: los programas sociales no están llegando adecuadamente, hay corrupción en el proceso y en el camino de cancelar unos programas para reemplazarlos por otros, la gente al final tiene menos que antes. Los apoyos están mal focalizados y distribuidos.

Por supuesto que todo esto tiene relación con la pandemia, pero el problema se origina antes. Por ejemplo, ayer se informó que 20 millones de personas perdieron el servicio de salud con la desaparición del Seguro Popular porque no han sabido o no han podido inscribirse en el Insabi. No están recibiendo atención y mucho menos medicamentos. La cancelación de una institución y su cambio por otra que ni siquiera sabe cómo comenzar a operar adecuadamente tiene un alto costo social y eso se refleja en la medición de pobreza y pobreza extrema.

En realidad, todo esto también deviene de una pésima coordinación interinstitucional. Este fin de semana se vivieron nuevos episodios en torno a la pandemia, mientras siguen al alza los contagios. Nada ejemplifica mejor esa falta de coordinación que el enfrentamiento, ya abierto, entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el subsecretario Hugo López-Gatell, quien el viernes en la noche declaró a la Ciudad de México en semáforo rojo y, por ende, en suspensión de actividades. Horas después, el sábado en la mañana, Sheinbaum lo desmintió, negó que fuera a haber suspensión de actividades y dijo que la ciudad seguiría en naranja y aseguró que López-Gatell no tenía ni siquiera las cifras correctas porque había utilizado los datos de la semana anterior. López-Gatell ni siquiera se atrevió a debatir el tema con la jefa de Gobierno que, además, en este tema sigue en la posición que han adoptado otros gobernadores, quienes simplemente ignoran las decisiones del subsecretario.

Tan es así que la obtención de vacunas depende de la Cancillería y la responsable de la vacunación en la frontera norte no es ninguna especialista en el tema, sino la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Por cierto, el presidente López Obrador habló ayer con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para analizar la situación en la frontera; pidió más vacunas y que se abra la frontera el 21 de agosto. El problema es que, aunque se argumenta que buena parte de la población adulta ya está vacunada en la frontera, los contagios siguen, en algunos casos con números dramáticos, como sucede en Nuevo León.

En medio de todo esto, la que sí parece una decisión irreversible es que, como dijo el presidente López Obrador, “llueve, truene o relampaguee” a fin de mes se regresará a clases presenciales. Más allá de que universidades y varios estados toman con mucha distancia esa decisión, lo cierto es que apenas ayer se comenzaron a revisar las escuelas primarias que deberán abrir en 20 días para ver si tienen carencias o cómo quedaron las que han sido saqueadas, que superan, con amplitud, el centenar. Hubo meses para hacerlo, pero en sólo 20 días se pretende poner en condiciones, después de año y medio cerradas y en el abandono, a las escuelas del país. Por cierto y ante todo esto, ¿alguien sabe dónde está y qué opina la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez?

 

Un fracaso olímpico

Terminaron los juegos de Tokio y México tuvo la peor participación de su historia, salvo la de Atlanta, en 1996. Cuatro medallas de bronce y el lugar 84 en el mundo. Es el epílogo de una pésima gestión en Conade, marcada por la cancelación de becas a deportistas, escándalos, denuncias de malos manejos y diferencias políticas entre autoridades y deportistas. Se cosecha lo que se siembra.

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