Pacheco Pulido: entre Villanueva y Lydia Cacho

La decisión adoptada ayer en Puebla, con la designación como gobernador interino de Guillermo Pacheco Pulido, es el fruto de una mala operación política que dañará, casi en forma inevitable, la gobernabilidad del estado, pero, sobre todo, la dinámica de la elección estatal de julio próximo.

Luego de la muerte de Martha Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle, lo último que necesitaba Puebla era la imposición de un gobernador interino de parte de Morena, aliada en este caso con algunos personajes del PRI. Pero, además, es una decisión que deja expuestas varias aristas que serán difíciles de explicar para los propios impulsores de su designación, decidida entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky. Había ya un acuerdo, en principio, de que se quedaría en el interinato Jesús Rodríguez Almeida, actual gobernador en funciones, un funcionario serio, con buenas relaciones con panistas y perredistas, pero también con sectores de Morena e incluso con priistas. Era una solución muy transitable para todos porque pasaba por la designación de un gobernador “neutro” que no generaría suspicacias en un escenario político que estuvo tan polarizado en los comicios de julio pasado, mismas que llegaron al clímax con la muerte de la gobernadora y el exgobernador.

Pero en unas pocas horas algo cambió y se decidió impulsar a Pacheco Pulido, a pesar de que, supuestamente, ya había un acuerdo de que la decisión de quién se quedaba en el interinato era del PAN, que había ganado la elección pasada, sobre todo porque Alonso apenas llevaba diez días en el gobierno estatal cuando se produjo el accidente que acabó con su vida. Era una decisión política, pero también con un real trasfondo ético, que por alguna razón fue desechada. Se dijo que Rodríguez Almeida no cumplía requisitos de residencia, lo cual es discutible, y que no era poblano (pero tampoco lo era Martha Erika, que nació en Tecamachalco, Estado de México, o como otros gobernadores que no son oriundos del estado que les toca gobernar, desde Alejandro Murat, en Oaxaca, hasta el propio López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México).

Pacheco Pulido fue propuesto por el exgobernador Manuel Bartlett, actualmente director general de la Comisión Federal de Electricidad, con el respaldo del excandidato Miguel Barbosa. Fue un político cercano a Manuel cuando éste fue gobernador y ocupó entonces la alcaldía de Puebla. Más tarde fue presidente de Tribunal de Justicia del estado y cercano colaborador del cuestionado exgobernador Mario Marín.

En esa relación ha sido protagonista de varios eventos por lo menos discutibles. En el proceso que se le siguió al entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Pacheco Pulido fue señalado por uno de los testigos protegidos que sirvieron para condenar a Villanueva Madrid, como un operador del crimen organizado en Puebla, a donde llegaba droga introducida por Quintana Roo, con el beneplácito del entonces alcalde, y desde la capital poblana era distribuida hacia la Unión Americana. La acusación nunca trascendió legalmente, pero fue pública.

También se vio directamente involucrado en el caso de la periodista Lydia Cacho, cuando fue detenida ilegalmente en Cancún, en diciembre de 2005, para ser trasladada por tierra, mil 500 kilómetros, hasta Puebla, trayecto en el cual fue sometida a todo tipo de apremios ilegales. Pacheco Pulido fue quien ordenó la detención de la comunicadora. Lydia Cacho reprobó que Pacheco Pulido fuera contemplado como uno de los candidatos a gobernador interino, ya que el expresidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo en sus manos su expediente y ordenó que la entonces jueza Rosa Celia Pérez le dictara un auto de formal prisión por la publicación del libro Los Demonios del Edén, para complacer, dijo Cacho, al empresario Kamel Nacif y el exgobernador Mario Marín Torres.

En un texto agregado a la reedición de ese libro, Lydia detalló que la juez Rosa Celia Pérez González recibió llamadas telefónicas del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pacheco Pulido, quien fue el que le ordenó, vía telefónica, que se le dictara el auto de formal prisión y, además, se le impusiera una fianza excesiva por el delito de calumnia y difamación de honor contra Nacif y el gobernador. Apenas el 10 de enero pasado, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos de Lydia Cacho, por la detención arbitraria y agresiones en su contra, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a la periodista. Y ahora se premia a uno de los responsables de ese agravio con una gobernatura interina.

Mario Villanueva, Mario Marín y el caso Lydia Cacho son demasiados costos que carga el nuevo gobernador interino y traslada al gobierno federal. Más aún cuando no necesitaba ejercer de esa manera el peso de la mayoría en un estado que tendrá elecciones en cinco meses y donde hoy tiene mayoría electoral. Y donde el robo de combustibles, el eje político en estas semanas del presidente López Obrador, tiene uno de los índices más altos del país.