En el mismo estado donde la gobernadora Rocío Nahle asegura que los derrames de petróleo no existen, aunque estén contaminando las costas de Veracruz, la muerte del diputado Zenyazen Roberto Escobar García es dictaminada antes de que comience siquiera una investigación: fue un suicidio, pese a que las pruebas parecen demostrar lo contrario.
El 4 de septiembre fue hallado sin vida, dentro de un vehículo en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Zenyazen Escobar: diputado federal de Morena por el Distrito 16, con cabecera en Córdoba; antes, secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García y diputado local. Acababa de asistir a la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.
La Fiscalía General de la República anunció que atraerá el caso por tratarse de un legislador federal. Pero la manipulación de la investigación comenzó antes de que se conociera, siquiera de forma pública, un dictamen pericial. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, declaró que “no fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido una mayor agresión al vehículo, fue interno”. O sea que fue un suicidio, según decidió antes de cualquier investigación el secretario de Gobierno.
Desde las primeras horas circularon dos narrativas sobre el crimen. La primera es la de que el legislador federal fue asesinado con un arma de fuego en una carretera veracruzana, muchos aseguran que fue un asalto. La segunda es que no existió una agresión y que lo ocurrido habría sido “interno”: un suicidio.
Un homicidio con arma de fuego no requiere que un vehículo presente impactos externos. Un disparo puede provenir del interior, de corta distancia, de una ventanilla, de una puerta abierta o de múltiples circunstancias cuya reconstrucción depende de criminalística, trayectoria balística, necropsia, análisis de residuos de disparo, cadena de custodia, videograbaciones, comunicaciones y testimonios. La ausencia de daños exteriores visibles, por sí sola, no despeja ninguna hipótesis decisiva.
Cuando un secretario de Gobierno afirma que “no fue un atentado” antes de que se divulguen resultados ministeriales, condiciona de inicio el ecosistema mediático, ofrece a aliados y adversarios una interpretación inicial y instala la expectativa sobre el desenlace de la investigación.
La pregunta no es si el secretario de Gobierno tiene o no razón. Puede tenerla, puede no tenerla o puede haber expresado una impresión basada en información preliminar. La pregunta es otra: ¿por qué la autoridad política habló antes que la Fiscalía?
Como el caso fue atraído por la FGR se le debe exigir en la investigación que defina capítulos centrales comenzando por la cronología verificable de Escobar entre el 1 y el 4 de septiembre, el análisis de cámaras, peajes, telefonía, geolocalización y comunicaciones relevantes, y sobre todo las líneas de investigación seguidas. No se trata de exigir que la Fiscalía ventile información que ponga en riesgo la investigación o vulnere derechos. Se trata de impedir que el silencio ministerial sea ocupado por versiones políticas. En México, la reserva de una carpeta de investigación no puede ser la coartada para la opacidad ni para la instalación de relatos convenientes.
Porque en la mayoría de los asesinatos o muertes violentas de legisladores y presidentes municipales atraídos por la Federación en pocos casos hubo imputaciones. ¿Cuántos derivaron en órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, sentencias o identificación de autores intelectuales? Sin esa trazabilidad, “atraer” un expediente no necesariamente se traduce en justicia.
Hay un vacío de tres días que debería ser el centro de la indagatoria: ¿qué ocurrió entre la participación de Zenyazen Escobar en la apertura del periodo de sesiones, el 1 de septiembre, y el hallazgo de su cuerpo, el día 4? Escobar no era un actor periférico. Su trayectoria como secretario de Educación de Veracruz, diputado local y diputado federal lo situaba dentro de una red política relevante en el estado y en Morena. Su controvertido pasado también es factor de análisis. La propia relación política, personal, de Zenzayen con el exgobernador Cuitláhuac García debe ser objeto de investigación.
Veracruz ha vivido suficientes episodios de violencia política, criminalidad y disputas institucionales como para saber que una explicación temprana no equivale a verdad. Sobre todo cuando el gobierno estatal y la gobernadora Rocío Nahle, una y otra vez, han tropezado con la verdad. En un país donde demasiados expedientes se han perdido entre el ruido político y la impunidad, la regla debería ser elemental: primero investigar; después, las declaraciones políticas, el objetivo es la certidumbre.
Porque la pregunta que queda en el aire no es sólo qué le ocurrió a un muy controvertido diputado federal en una carretera de Veracruz. Es por qué, una vez más, la versión oficial parece llegar antes que la investigación que tendría que sostenerla.
Para abundar en el tema. El 5 de septiembre, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que realizaban labores de investigación fueron atacados en Omealca, Veracruz. Murieron dos agentes federales y una agente resultó herida. En el despliegue posterior fueron liberadas dos víctimas de secuestro. La zona es controlada por el CJNG. No hubo declaraciones del gobierno estatal.