En la verdadera guerra que se está librando al interior del gobierno federal y dentro de Morena, con un papel central del entorno del expresidente López Obrador (donde juegan roles protagónicos su hijo Andy, el actual coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle), el regreso y la licencia de Rocha Moya sólo es un capítulo más, porque la lucha verdadera pasa por las candidaturas a las 17 gubernaturas y la cámara de diputados para los comicios del 2027. Y mucho más, porque son tres mil 800 los cargos que estarán en disputa en esos comicios.
Hoy, la mayoría de los gobernadores no son de la presidenta Sheinbaum: personajes como el propio Rocha, Marina del Pilar, Américo Villareal o Ramírez Bedoya, entre otros, son producto de designaciones de López Obrador y ante él se disciplinan. Lo mismo ocurre en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, donde los líderes responden más a Palenque que a Palacio Nacional. Qué mejor demostración que Ignacio Mier, líder de la Cámara de Senadores, destacando “la honorabilidad” de Rocha Moya por haber dejado la gubernatura que había tratado de recuperar apenas 32 horas antes de volver a pedir licencia. Mier, no lo olvidemos, fue representante de Morena en aquella tristemente célebre elección de Sinaloa en 2021.
Para afianzar su propia estabilidad, la presidenta Sheinbaum necesita dos cosas: primero colocar candidatos suyos en la mayoría de las posiciones en disputa, asumiendo que los resultados en 2027 no serán tan favorables a Morena como lo fueron en 2024. Segundo, que esos candidatos no estén señalados de sus relaciones con el crimen organizado, porque estarán bajo escrutinio de la justicia estadunidense, y veremos cómo se engrosará las lista de quienes han perdido la visa o son acusados de complicidad con los llamados narcoterroristas.
Morena se está equivocando en el mecanismo de selección de candidatos porque la propia dirigencia está atrapada en la lucha interna del movimiento. Y como parte del error ha decidido que primero elegirá a quienes participarán en las encuestas y luego analizará sus antecedentes. La limpia de aspirantes tendría que comenzar antes de las encuestas (la complicidad sirve para ganarlas) y sobran los personajes que no pueden presentarse sin sospechas. Un ejemplo: en Sinaloa, la enorme mayoría de los aspirantes que se han registrado son del grupo de Rocha-Inzunza, cualquiera de ellos que llegue a la candidatura de Morena estará descalificado por buena parte de la ciudadanía y estará en la mira de la justicia estadunidense.
Decimos en estos días que el poder se ejerce y si no se lo usa se diluye. La presidenta Sheinbaum tuvo que hacer un uso excesivo de poder para poner en orden una situación que tendría que haber estado desactivada desde antes de que se produjera: es inconcebible que el Estado, sus organismos políticos y de inteligencia, no tuvieran información de que Rocha iba a regresar al gobierno de Sinaloa, para abortar esa acción desde antes de que sucediera. La lucha en Morena está puesta en el 2027 y será por espacios de poder, por percepciones y de mensajes con y hacia a Estados Unidos.
Lo mismo sucede con la oposición, aunque sea en contextos diferentes. El PAN está definiendo candidaturas en algunos de los estados en los que está en condiciones de competir y ganar. Uno de ellos es Chihuahua. El candidato a gobernador será el alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla. La capital del estado es clave para neutralizar los votos de Morena en Ciudad Juárez, cualquiera que sea el candidato del oficialismo (que se disputan Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, los dos con problemas con la justicia estadunidense).
El problema es que el que se ha empeñado en ser candidato panista en la ciudad de Chihuahua es César Jáuregui, el exfiscal del estado, que asumió la responsabilidad de los hechos ocurridos el 19 de abril pasado, cuando murieron dos observadores de la CIA en un accidente, luego de un operativo contra el cártel de Los Chapitos. Jáuregui reconoció que no había dado seguimiento ni supervisión al operativo, y presentó su renuncia a la Fiscalía General del Estado.
Ahora Jáuregui está buscando, hasta llegar al límite de una ruptura, la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua con el argumento de que está arriba en las encuestas, que la Fiscalía cerró su carpeta y que Estados Unidos no tiene nada en su contra. Todas esas afirmaciones son endebles o falsas: en las encuestas y en el ánimo del partido, el favorito es el secretario de gobierno, Santiago de la Peña; la fiscalía puede reabrir las carpetas de investigación a su antojo, sobre todo si está en juego una elección tan importante; y Estados Unidos tiene muchas precauciones con el ex fiscal por todo lo sucedido y porque, además, es compadre del precandidato de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, que está en la mira de las autoridades de justicia del otro lado de la frontera.
Jáuregui está dispuesto incluso a negociar con Morena si sus aspiraciones en el PAN no son reconocidas e incluso dice que sólo se bajaría de la contienda, si la candidata es la diputada Manque Granados, de su círculo más cercano.
Permitir que llegue Jáuregui a la candidatura sería poner en riesgo la elección para el PAN, porque equilibraría con sus antecedentes al de los aspirantes de Morena, además de que existen sospechas de que pudiera estar negociando con ellos.
El poder, decíamos, está para ejercerlo. Y eso vale tanto para el oficialismo como para la oposición.