Votar en elección judicial, nuestro suicidio

No existe asidero por el cual se pueda sustentar que la mal llamada reforma judicial sea, hasta el momento, un proceso pulcro para el fortalecimiento democrático. Es, empero, el deseo del obradorato de asentar y perpetuar un autoritarismo sin contrapesos. Una réplica del PRI. La elección de juzgadores será ejemplo del acarreo, compra de votos e inconsistencias que terminarán en tribunales.

Deja ver que desde Tlalpan se cobra la lealtad de grupos en el Congreso que no responden al actual gobierno y así se ha dicho fuerte y claro.

La contrarreforma democrática, justificada falsamente en la voluntad popular, es la más impugnada en la historia del país y por la que Ejecutivo y Legislativo, en coalición de funcionarios, han desacatado las suspensiones de amparo.

En esa ilegalidad han sumido a otras autoridades sobre las que sí pueden recaer inhabilitaciones y consecuencias penales, en una espiral de delitos que tendrán un impacto en el futuro personal de quienes las integran.

Quizás el lector pregunte por qué se señala de fallida anticipadamente. Todo su procesamiento ha sido inconsistente y, por ello, mantiene a México en el borde de una crisis económica, de legalidad y de seguridad sin precedente.

Desde su anuncio generó advertencias de Estados Unidos y de Canadá porque atenta contra la democracia —un analista dijo: hoy hay una “dictadura electoral”.

Oficiales de ambas naciones expresaron su preocupación por la mayoría de Morena en el Congreso, construida con intimidación y actos ilícitos, según denuncia de las oposiciones.

Ambos países estuvieron involucrados en el mecanismo del T-MEC para elegir por profesionalización a los nuevos jueces laborales, lo que la elección popular violenta. Así, se pone en riesgo la eficacia de las resoluciones laborales y podría considerarse una violación de los compromisos adquiridos en el T-MEC, que exigen la implementación de un sistema laboral confiable y transparente.

Se desencadenarán controversias internacionales y sanciones comerciales que usted, ciudadano, pagará. Porque el equipo de Donald Trump ha documentado que la central obrera de Morena y otra en ciernes que busca agrupar al corporativismo del priismo han demandado al obradorato su cuota de juzgadores laborales, con lo que abriría una puerta a la extorsión de empresas de Estados Unidos y de Canadá.

Asimismo, la ONU-Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierten que se violan derechos humanos de las personas juzgadoras por ser destituidas masivamente sin razones jurídicas ni capacidad de defensa; se generan las condiciones para el surgimiento de un régimen autoritario y se deja abierta la puerta para la violación generalizada de garantías de los mexicanos.

A lo anterior se suma el rechazo del capital extranjero. Si las empresas globales no han invertido en México es porque el desmantelamiento del Poder Judicial y la subasta de posiciones de juzgadores no garantiza la seguridad de sus activos.

Hay más. Morena ofrece hasta 800 mil pesos a una gran cantidad de personas para que participen en la elección de jueces. Las personas no se quieren inscribir porque, de acuerdo con testimonios periodísticos, se prepara un fraude electoral.

El INE ha dicho que no garantiza que la elección resulte exitosa. Ha pedido más dinero y que se retrase la fecha de votación. El sino de esta elección es la amenaza de fraude, acarreo de votantes, actos anticipados e impugnaciones de candidatos no electos por los comités, así como las irregularidades en las votaciones.

La jornada electoral no sería una fiesta cívica porque no se refrenda la democracia, sino que se entierra. Los ciudadanos, funcionarios de casilla, validarían la caída del sistema de sus propias libertades. ¿De veras participarán? Yo no.