Sistemática violación a la Constitución

Los intentos del gobierno federal por desaparecer diversos fideicomisos y hacerse del dinero de éstos, a través de sus legisladores de Morena y aliados, refrenda que hay muy poco respeto por la legalidad.

Así también lo demuestra el reciente llamado a la obediencia ciega a las personas servidoras públicas hecho por el Ejecutivo tras la renuncia del director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas.

Esto es preocupante por dos razones. La primera, si las denuncias hechas por Cárdenas son reales, el anterior director general debe ser investigado formalmente por presuntos actos de corrupción u omisión. El Presidente lo sabe.

La segunda, es que ese llamado puede ser interpretado por los funcionarios para no cumplir con el marco legal y denunciar cualquier irregularidad o delito del que tengan conocimiento por sus superiores u otras personas funcionarias públicas.

Como ciudadanos esperamos que las personas servidoras públicas no permitan más corrupción y daño al país, cumpliendo con su compromiso legal de hacerlo saber.

Porque hoy más que nunca queda clara la reiteración de que la institucionalidad y la legalidad son un estorbo para el desarrollo de una idea, que no un programa de gobierno. O si se quiere, de la obsesión y fobias que se deslizan como un proyecto nacional.

Si la ley no lo permite, incluida la Constitución, entonces cámbiese, lo que va en contra de todo principio democrático.

De acuerdo con el análisis de la constitucionalista Diana Puente Zamora, el acto de extinción de los fideicomisos es contrario a la Constitución porque viola el principio de retroactividad, ya que el gobierno y los legisladores estarían disponiendo de recursos que ya fueron aprobados y sancionados en el ejercicio presupuestal anterior y que generaría un gran perjuicio a programas en curso y a personas que sustentan sus actividades a través de éstos.

Otro elemento grave es que pretende adueñarse de recursos públicos y privados. En el caso de los primeros, el gobierno no es dueño de éstos, se trata del dinero que pertenece a los ciudadanos y que se obtiene por la vía de los impuestos y en el caso de los segundos, resulta obvia la ilegalidad.

Las personas e instituciones que reciben esos recursos se llaman “fideicomisarios” y sin duda son miles si consideramos que estaríamos hablando de 109 fideicomisos de diversas naturalezas. Bien, cada uno de ellos puede recurrir al juicio de amparo porque el retiro de recursos que ya habían sido aprobados en un ejercicio anterior les causa un perjuicio y puede violar sus derechos humanos.

Un par de ejemplos: los fideicomisos para la atención de personas y niños con cáncer, los periodistas que en este momento cuentan con protección ante amenazas por el ejercicio de su profesión y los estudiantes y académicos que están en el extranjero, entre múltiples casos, quedan desprotegidos.

Adelanta Puente Zamora una intensa judicialización por la eventual e ilegal decisión del Congreso. El interés jurídico es tan sencillo como presentar un estado de cuenta con el depósito de los recursos o recibo que acredite ser beneficiario.

Las afectaciones se podrían dar en dos sentidos, por la emisión misma del acto que los extingue o el primer acto de aplicación, es decir, cuando dejen de llegar los recursos o se les notifique que ya no están disponibles.

Quizás lo más grave es la persistencia del Ejecutivo por la violación a la Constitución. Ir en contra del principio de no retroactividad es sumamente grave y debe ser llevado a juicio, en razón de que todas las personas y organizaciones beneficiadas por los fideicomisos, como dice Puente Zamora, crearon derechos.

El desprecio por la legalidad puede rayar en la ilegalidad. Y aquí ofrezco al lector un ejemplo. Nadie le puede pedir que renuncie a su aguinaldo como lo pretende esta administración, porque ese dinero ya fue aprobado por el Congreso. No otorgarlo implica un delito y usarlo para otros rubros, es desviarlo.

Los ciudadanos no están indefensos ante un régimen que sistemáticamente violenta la Constitución y los derechos humanos, debe persistirse en el camino de la ley y los tribunales, y por supuesto, por la vía del refrendo electoral.