República de jueces

Sería audaz afirmar que la regularidad constitucional en México está rota porque los contrapesos institucionales no están del todo anulados, aunque sí bajo asedio. Pero el fraude cometido en el Senado afecta las reglas básicas del parlamentarismo y obliga a que cada propuesta de ley sea escrupulosamente revisada.

En palabras llanas, Morena en el Senado fue capaz de cometer actos innobles, violar la ética, el diálogo franco entre opositores, y rebajar la política al nivel más condenable.

Antes de continuar expreso mi convencimiento de que la crítica debe ejercerse con respeto y argumentos. Y en lo personal, no me impulsa ningún color partidario.

Por eso reitero que el Presidente de la República tiene el derecho de concretar su programa de gobierno. Sólo pregunto: ¿si es legítimo, por qué no se guía por la legalidad y respeta las normas que creamos los mexicanos, de izquierda, de derecha y ciudadanos, etcétera?

¿Por qué la Constitución se ha convertido en el enemigo a vencer? Si lo consigue, debemos tener claro que el mundo nos cerrará las puertas, seremos declarados un país antidemocrático, sin respeto al Estado de derecho y con el cual no vale la pena tener relaciones ni siquiera comerciales.

¿Se puede vivir con lo que producimos internamente? Por supuesto que no ni aunque se nos sumaran, en apoyo, otras naciones del eje populista.

Si el gobierno de Morena tiene el derecho de viabilizar su proyecto, por qué no se reconoce el mismo derecho a quienes no coinciden con éste, o sienten sus legítimos intereses afectados.

Pensar y actuar por el bien de una nación es sumar, convencer, consensuar y aplicar la ley cuando es necesario, pero no dividir, satanizar, linchar, aniquilar y denostar.

Ha sido anhelo de los mexicanos terminar con los regímenes de la represión, del fraude electoral, de la violencia política y de la corrupción.

Millones votaron por la opción Morena porque querían más democracia, más ley, menos voluntarismo y autoritarismo. Pero hoy enfrentamos un anticonstitucionalismo que convierte en enemigos a las instituciones que fueron creadas para defender la legalidad y a los encargados de cuidar de ella.

No se admite el diálogo, si no es con rendición y humillación públicas. Una asimetría en el ejercicio del poder.

Pero, paradójicamente, el hecho de que a cada paso que da el gobierno actual choque con la Constitución y lastime derechos humanos, se ha tornado en un autoboicot, y la única forma de enfrentarlo discursivamente es denunciar complot y llamar a linchar a los jueces de la democracia e instituciones autónomas. Se evita reconocer públicamente que su proyecto tiene problemas de viabilidad.

Con el afán de defraudar a la Constitución se partió a Morena. El artículo transitorio de las leyes secundarias de la reforma judicial deslizado para que los opositores no se dieran cuenta y lo aprobaran, es de una bajeza que remite a lo más rancio del viejo régimen.

Muestra lo que Morena en el Senado es capaz de hacer. Si de algo sabe Ricardo Monreal, líder de esa bancada, es de derecho, así que supongo que le ordenaron operarlo y sabía que el cortocircuito quemaría a su movimiento, al Presidente de la República y le haría un gran daño a la Suprema Corte.

La diputada de Morena Lorena Villavicencio fue muy clara “el mensaje que damos es que no importa la Constitución; violamos la división de Poderes” y Porfirio Muñoz Ledo, compañero de bancada, dijo: “argumentar que el fin justifica los medios, es contrario a la República”.  La división fue patente.

No se pierda tiempo, hay inconstitucionalidad. Por ese acto Morena carga con el desprestigio internacional. Aunque también denota desesperación ante un escenario electoral poco optimista.

Se asedia al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien guiado por su obligación constitucional, ha suspendido efectos de diversas leyes y actos que nos dañan.

Sepa el lector algo simple, si el juez Gómez Fierro y su compañero juzgador, Rodrigo de la Peza, intervienen en estos casos es porque son los dos únicos jueces administrativos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con competencia en todo el territorio nacional, que existen en el PJF.

No son “a modo” y defienden a todos, como lo hacen ministros de la Corte. Lo que no hacen, es pisar la Constitución por miedo a represalias.

Juzgadores como ellos fortalecen democracias. Requerimos una República de juzgadores donde el Derecho de todos sea el límite, porque hoy el ejercicio de la política ha sido anulado, defraudado.