México, fuera del Sistema Interamericano

En el propósito de Morena de modificar la Constitución para desaparecer la independencia del Poder Judicial de la Federación, cada vez surgen más disensos internos sobre sus impactos económicos internacionales, sociales, de seguridad nacional e incluso su salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una eventual crisis en la OCDE.

Una alarma ya encendida es que inversiones directas nuevas provenientes de Estados Unidos han sido detenidas por la incertidumbre jurídica que se generaría por la captura de jueces y magistrados federales, al someterlos a elección popular, ejercicio que sólo ocurre en Bolivia, y que falsamente se ha dicho que se produce en Estados Unidos y Japón. Los propios legisladores estadunidenses lo aclararon en privado al Ejecutivo saliente.

Este escenario es, sin duda, complejo, pero no nuevo en la vieja política. La más notoria fue la nacionalización de la banca realizada por López Portillo en su último Informe de Gobierno, que le dejó una profunda crisis a su sucesor, Miguel de la Madrid, quien debió lidiar con efectos económicos catastróficos que dificultaron por años el crecimiento.

Jesús Silva-Herzog Flores, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, en 1982 habría dicho que la nacionalización fue “altamente atractiva” desde el punto de vista político, pero no se fijó en las consecuencias futuras.

Se violó la Constitución al expropiarla con efectos retroactivos. Fue un manotazo, ¿una obsesión?, que marcó económicamente al país y al gobierno entrante.

La pregunta que deben hacerse los mexicanos es si el intento de desaparecer la independencia del Poder Judicial, al que se está obligado a respetar constitucional y convencionalmente, es una reedición del exceso del poder, y si los primeros están dispuestos a pagar el impacto económico en sus bolsillos. Explico este punto adelante.

La división en Morena surgió a partir de su propia postura oficial de desconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, si la OEA interviene ante los riesgos para la democracia mexicana por la vulneración de la independencia judicial, propiciada por la destitución y “subasta popular” de los mil 600 juzgadores federales del PJF.

Además de ser económicamente inviable, una elección donde una persona recibirá prácticamente un librito vaquero con cientos de fotos y currículums de candidatos a jueces y magistrados va a producir un voto inducido.

Está bien que el pueblo sea sabio, aunque Morena ya dijo que sí se equivoca cuando ha votado en el pasado, pero no lo metan en ésas.

En fin, este desconocimiento de los tratados internacionales prácticamente implicaría que México desconociera la Carta Democrática de la OEA y, como consecuencia inmediata, estaría en franca violación a las cláusulas de tratados comerciales, como el T-MEC, y de aquellos que incluyen una cláusula democrática, así como estaría en falta ante la OCDE, entre otros.

Es decir, México se emularía a Nicaragua, que decidió abandonar este organismo debido al rechazo a su viraje dictatorial.

No se trata de que México no pueda tomar decisiones soberanas, sino que un gobierno saliente rompe con todos los compromisos de los tratados que firmó o refrendó, comprometiendo la viabilidad económica e internacional de una nueva administración, incluso antes de iniciar.

Estos son los requisitos que la OCDE pide a México como miembro: independencia judicial, manteniendo un sistema judicial independiente que pueda actuar sin interferencias políticas, lo que, obvio, se incumple con la reforma que pretende el Ejecutivo saliente.

Pero, además, asegurar que todas las leyes y regulaciones se aplican de manera justa e igualitaria, y que los ciudadanos tienen acceso a la justicia.