La reforma de la venganza es contra los más pobres

La reforma constitucional y legal que se pretende enderezar contra el Poder Judicial de la Federación procede de una obsesión. De un odio que nació con el desafuero. No es la búsqueda del mejoramiento de la justicia, sino de la descarga de la venganza. Y es claro y notorio que la presidenta Claudia Sheinbaum no es la autora ni quiere ser la instrumentadora.

En el afán de destruir a la Corte Suprema y a la Judicatura, esencialmente, ha dejado ver que le importa poco comprometer el inicio del nuevo gobierno, enviando un mensaje inquietante para los mercados financieros internacionales, haciendo caer la Bolsa y devaluando el peso, y lo que sigue.

El Presidente saliente dice que el Poder Judicial federal no ha sido leal al pueblo, pero resulta curioso su profundo desconocimiento, incluso de los principios más básicos y elementales de lo que son las facultades de éstos.

En este espacio he defendido la autonomía de la judicatura federal y lo he hecho desde siempre, porque conozco lo que es ser una persona juzgadora, su sacrificio personal y familiar, su disposición a dar la vida, inclusive, sabiendo que, al resolver un asunto penal, ésta puede costarle.

Hay una mística en esta clase de servidores públicos que son capaces de sacrificarse por defender los derechos humanos de los demás, poniendo los suyos de por medio. Son amenazados, perseguidos, vapuleados y juzgados públicamente, pero no se quiebran, como Juárez no lo hacía.

Claro, siempre habrá alguien que deshonre esta misión del o la juzgadora, pero eso no quiere decir que todos lo hagan. Citemos al casi expresidente que al referirse al histórico fraude de Segalmex defiende a su cercano diciendo que fue víctima de un engaño.

¿Será que, hoy, el reino de los cielos no sólo es de los arrepentidos, sino también de los engañados?

En este espacio hemos contado de presidentes de la Corte que han enfrentado a titulares del Ejecutivo en defensa de las personas juzgadoras, porque saben que se deben a la sociedad, al pueblo, porque provienen de la carrera judicial que les exige años de preparación, exámenes y métricas rigurosas.

Hoy se quiere desaparecer la carrera judicial, que es la mayor garantía de independencia. La República ha atestiguado la consecuencia cuando alguien no proviene de ella.

Antes que la lealtad ciega a la Constitución, se quiere lealtad al que lo postula, para luego pedirle favores a cambio, que puede ser el despojarlo a usted de su patrimonio o encarcelar a su familia o expropiarle sus propiedades o empresas. Ésa es la perversión de la justicia que el lopezobradorismo quiere imponer antes de irse. No importa el costo.

Uno de los efectos corruptores de esta reforma es que los ciudadanos tendrán que votar por, al menos, 200 mil juzgadores. Porque desaparecerán a federales y locales.

Imagina qué compañía internacional querrá asentarse en México cuando cualquier gobierno puede expropiarle sus bienes, su capital, o que un funcionario le exija dinero a cambio de beneficios, teniendo jueces cuya carrera no sea fruto de su propio esfuerzo, sino de favores políticos.

Si usted le abre la puerta, quizá la única que no se les haya abierto a los criminales, muy pronto habrán de infiltrarse por esa vía.

Los juzgadores le deben lealtad a la Constitución. López Obrador quiere que se la juren a él y, desde su obsesión, no le importa minar la economía, hacer tropezar a la virtual Presidenta electa si es necesario y abrir paneles en el T-MEC.

El pretexto presidencial es un engaño. Es una emboscada a los padres que pidieron medicamentos para sus hijos, las mujeres con cáncer, a los desaparecidos, las feministas, a las industrias que frenaron el abuso. Debe prevalecer la negociación y la prudencia. Su tiempo ya pasó. Comienza a construirse una nueva historia, déjenla, aunque él quiera pintarle las rayas.