Exceso en inconsistencias

Hay cosas que se hacen bien y otras que se echan a perder. Y a un sector de Morena nada más no se le da la técnica legislativa. La reforma oaxaqueña para prohibir la venta de alimentos procesados a menores en tienditas causará más daño que el que busca corregir.

Este hecho confirma que la contradicción es consustancial a esta administración y a lo que deriva de ella en los estados donde gobierna. Un ejemplo. Un exdirector de Pemex fue ofrecido a la opinión pública como el mayor caso de corrupción. Esperemos que sea el inicio de la lucha de los mexicanos para terminarla.

Pero, de pronto, el gobierno se convierte en su oficina de relaciones públicas y se le crea una imagen de héroe de la delación. En el fondo, esto es lo que ocurre: el Presidente se ha adueñado de la agenda de la lucha contra la corrupción, pero ya siendo gobierno se resiste a traducirla en una política pública, institucionalizarla y entregarla a los órganos autónomos, por cierto, incompletos.

Entonces, retiene la agenda porque así mantiene la rentabilidad de su discurso “electoral”, pero en los comicios intermedios él no aparecerá en las boletas y ya veremos si su creación —Morena— camina o se devora intestinamente.

Se pierde la oportunidad de la institucionalización de la estrategia contra la corrupción. No había una visión de Estado tras el ofrecimiento electoral.

No ayuda que él haga revelaciones que son de la exclusividad de la Fiscalía, porque vulnera su independencia y el debido proceso.

Se repite el patrón del pasado. Desde la tribuna de Palacio se inician juicios mediáticos. Se llama a anular pruebas y violar el debido proceso.

Por supuesto que hay efectos en el proceso judicial. No le echen la culpa a los juzgadores cuando se ven obligados a anular pruebas por inconsistencias.

Regresando al enredo oaxaqueño, estudiando el dictamen sorprende la deficiente técnica utilizada para fundar y motivar la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Pareciera, pues, haber sido elaborado en una oficina de conocida subsecretaría de la Secretaría de Salud federal, donde, aparentemente, se ha banalizado la muerte de miles de mexicanos.

Algunos puntos interesantes: el artículo 20 bis adicionado prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, conforme a la Norma Oficial Estatal que, para el efecto, establezca la Secretaría de Salud del estado.

Esta reforma, en los hechos, prohíbe la venta de bienes que no son ilícitos o que estén prohibidos en sí mismos. Se trata de productos elaborados lícitamente, regulados y reconocidos legalmente, lo que se materializa al estar gravados por medio del IEPS y ser materia de la Norma 051 del etiquetado frontal, misma que entraría en contradicción con esta ley.

Además, el legislador oaxaqueño se excede en la proporcionalidad de la medida legislativa contra una actividad que sigue un fin lícito, dado que el Estado, bajo el cual recae la responsabilidad de la generación de políticas públicas en beneficio de la salud de niños, niñas y adolescentes, sí tiene otros mecanismos para desalentar el consumo y financiar los sistemas de salud que cargan con los efectos de la atención a la obesidad y que es la vía impositiva.

Esta reforma, no cabe duda, puede terminar en la Suprema Corte por un recurso de control de constitucionalidad.

Los efectos indeseables. Las tienditas de las localidades más pobres de Oaxaca ahora serán el blanco de extorsiones y corrupción de verificadores. En colonias en las que una calle divide dos estados, sólo basta cruzarla para comprar los productos que en el otro estén prohibidos.

Morena le pone la vara alta a López Obrador. En reforma de 2019 a la misma ley, obliga al Estado y a los municipios a instalar comedores en todas las escuelas públicas hasta secundaria, para cumplir el derecho humano a una sana alimentación.

Pero esa responsabilidad la evade el gobierno federal, recargándole el peso a la industria. Eso no se hizo ni en Chile, pionero del etiquetado. Aquí se ideologizó la política de la obesidad.

Un dato. Fue en abril de 2018 que Peña Nieto encargó al Instituto Nacional de Salud trabajar el nuevo etiquetado que hoy conocemos.

Los investigadores dijeron que quienes lo diseñaran deberían declarar sus conflictos de interés. Si hubo financiamiento de la fundación Bloomberg, conocida por la animadversión hacia la industria, hay problema.

Llega la versión de que López-Gatell impulsa las reformas. Dicen que en el Senado quiere darle la vuelta a Ricardo Monreal. ¿De veras?