Engañar al pueblo

La consulta para juzgar o no a expresidentes es un engaño a los mexicanos. Tiene el interés oculto de influir en las elecciones de 2021 para que el gobierno de Morena no sea objetivamente evaluado por los ciudadanos.

Es necesario explicar por qué. Existe frustración y enojo por el desempeño de Morena en el manejo de la crisis económica antes y durante la pandemia, por rehusarse a apoyar a trabajadores, pequeñas y medianas empresas y sectores vulnerables.

Y se busca una presencia artificial del Presidente en el contexto de las votaciones para desorientar el voto objetivo (las razones de una persona para votar a favor o en contra), para producir una reacción emocional: “¿en verdad no te importa llevar a la cárcel a estos expresidentes, que son los causantes de todos los males económicos y de abuso de poder?”.

El poder manipula y miente y en eso es igual a los que se quiere diferenciar. Dice incorrectamente que la Suprema Corte definirá las fechas de la consulta. Falso, la Constitución dice que debe ser en agosto, en este caso de 2021, pero la promoción previa contaminará la elección.

La segunda gran mentira, es que debe ser el pueblo el que decida si se juzga a los corruptos. Pero ¿no por eso votaron por la opción política que hoy está en la presidencia? ¿No fue esa la promesa de campaña?

Vota usted por alguien que dice que encarcelará a los corruptos y luego aparece con el discurso de que veremos si el pueblo quiere que se les juzgue. Es en Palacio Nacional donde no se quiere emprender acciones legales. ¿Por qué? Habrá de indagarse si, efectivamente, hubo compromisos en campaña para que los primos se beneficiaran, es decir, PRI y Morena.

El papel de la Corte es el de calificar si las preguntas son constitucionales. La presunción de inocencia y el debido proceso de los expresidentes son derechos humanos. Nuestro tribunal no debe ser acusado de complicidad si las descarta en consecuencia.

Colocar sus nombres o hacer alusión a ellos como responsables de actos de corrupción en una consulta, sin acusación formal o juicio previo, los beneficia para argumentar un estatus de perseguidos políticos.

No hay verdad. Ni la corrupción se ha acabado, sino que algunos casos se han usado con fines electorales, y hoy vemos que existen presunciones de que el mismo partido de Estado reedita el mecanismo de la corrupción. Videos han exhibido a personas cercanas al más alto poder de este país.

Se dice a los mexicanos que no se tolerarán esos casos y que aún cuando haya parentescos, serán investigados. Eso es más de lo mismo. No modifica el hecho.

Hay tendencia que demuestra que a estas autoridades no les interesa el apego a la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Sobre eso no hay que distraernos.

La violencia de la delincuencia organizada continúa afectando a las personas, sin que haya una reacción del Estado y los feminicidios siguen al alza. Éstos, junto con los graves problemas económicos y la muerte de mexicanos por covid, son los temas que deben estar en el debate nacional y en las boletas electorales, ese es el mecanismo de la democracia.

De enero a julio, los feminicidios aumentaron 7.7% con respecto al año pasado. Así la progresividad: en enero se registraron 74 feminicidios, en febrero, 92; en marzo, 78, en abril y mayo, 73; sin embargo, en junio el número aumentó hasta 99, lo que implica el pico más alto en lo que va del año. Dos mil 240 mujeres han sido asesinadas por el hecho de serlo. Ellas nos faltan y a nosotros nos sobra silencio.

Ya hemos expresado que la omisión gubernamental que nos deja desprotegidos contra el crimen organizado viola los derechos humanos de los mexicanos y que es denunciable ante le Corte Interamericana.

Se contraargumentaba que sólo las autoridades pueden violar derechos humanos en acción directa. Pero leamos la jurisprudencia de la CorteIDH, derivada del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, denominada “Deber de investigación efectiva de violaciones a Derechos Humanos”.

“…Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”.

Agrega: “lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención (Americana de Derechos Humanos)”.

¿No es eso liberar al hijo de un narcotraficante, minimizar los feminicidios y la postura de abrazos y no balazos?