Confiscar los ahorros de los más pobres

Cada peso que ahorras hoy podría costarte más mañana. El gobierno propone subir del 0.50% al 0.90% la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los intereses que obtienes de instrumentos formales como Cetes, fondos de inversión, pagarés o cuentas bancarias. ¿Parece poco? No lo es cuando lo que se grava es el esfuerzo cotidiano de millones de familias que guardan lo justo para emergencias, educación o para un retiro digno.

Pongamos un ejemplo claro: una pareja de jubilados tiene 150 mil pesos ahorrados en una cuenta de inversión bancaria que les da un rendimiento anual del 5 por ciento. Esto significa que al final del año recibirían 7,500 pesos en rendimientos. Con la tasa de retención actual del 0.50 %, el banco les retiene 750 pesos para el gobierno. Pero si la tasa sube a 0.90%, como propone el gobierno, la retención será de 1,350 pesos. Es decir, perderán 600 pesos adicionales cada año sólo por el hecho de haber ahorrado.

Y si no presentan su declaración anual —porque no saben cómo, no tienen asesoría o simplemente no están obligados— ese dinero no les será devuelto. Para muchas familias de pensionados, esa cantidad puede equivaler a medicinas, despensa o una parte del predial.

¿Y a dónde irá ese dinero? De acuerdo con los informes recientes de Hacienda, el gobierno enfrenta un creciente déficit presupuestario debido al enorme gasto social en programas clientelares que entregan dinero en efectivo sin mecanismos sólidos de fiscalización o retorno productivo. Estos programas, financiados a fondo perdido, han sido criticados por su uso electoral: son transferencias directas que aumentan en años de elecciones y se concentran en los sectores más vulnerables, no necesariamente como política de desarrollo, sino como estrategia de captación de votos.

No es casualidad que en la desacreditada elección judicial, donde la participación fue mínima y se documentaron múltiples irregularidades, las franjas con mayor número de votantes correspondieran precisamente a beneficiarios de estos programas. Es decir, los recursos que se retendrán a millones de pequeños ahorradores podrían terminar financiando, de forma indirecta, estructuras de dependencia electoral que perpetúan la desigualdad.

Esta medida no afecta a grandes inversionistas lejanos de la necesidad urgente de organizar sus finanzas: recae con más dureza en los que ahorran poco, en quienes no tienen asesores fiscales, en quienes muchas veces no hacen su declaración anual por desconocimiento. Para ellos, la tasa provisional que promete devolver parte de lo retenido se convierte en un impuesto fijo, sin posibilidad real de reclamarlo.

Diputados del PAN, como Héctor Saúl Téllez, denunció que esta alza es un impuesto disfrazado, un golpe directo al bolsillo. Rubén Moreira (PRI) alerta que la propuesta es un ataque al patrimonio familiar: lo que se ahorra con esfuerzo y legalidad, ha dicho, podría perder valor simplemente por decidir guardar el dinero formalmente.

Para quienes viven al día, para quienes ahorran lo poco que pueden, esta retención adicional es una carga que significa menos dinero para lo esencial: ahorro para emergencias, para educación o para invertir en algo propio. Es una penalización a la cultura del ahorro.

Este cambio no sólo desincentiva el uso de instrumentos formales del sistema financiero, sino que además puede empujar a la informalidad: si los bancos retienen más y la restitución depende de una declaración anual que muchos no presentan, la gente empezará a guardar dinero en casa, en tandas o en efectivo, perdiendo seguridad, ganando riesgos y alimentando la economía informal.

Los que ganan con esta propuesta son los recaudadores: la Secretaría de Hacienda busca liquidez mensual adicional. Pero el costo social es mucho mayor: menos ahorro, menor inclusión financiera, mayor desigualdad.

Tal vez el voto en las próximas elecciones sea el llamado a detener la corrupción y a la nueva clase dorada de hijos y sobrinos.