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Ay, Morena

Jorge Camargo

Jorge Camargo

Los votantes mexicanos deben estar confundidos el escuchar las graves acusaciones del uso de recursos y programas públicos con fines electorales. Es la misma película, con los mismos actores, aunque con un nuevo movimiento político en la Presidencia. Es el síntoma de una democracia enana.

Esta confusión, que puede derivar en decepción y en abstencionismo, resulta preocupante porque quien se exhibe es el movimiento Morena, que lanzó un candidato a la Presidencia que enarboló exitosamente la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Y hoy el electorado cautivo, el cautivo, debe estar en esa complicación.

La preocupación no se expresa por la crisis que enfrenta Morena por la selección de sus candidatos a las elecciones más grandes y complejas que vivirá el país en junio de 2021, sino por sus efectos en el ánimo de los electores y los que éstos trasladen al momento de ejercer su voto.

El sistema político mexicano no ha logrado transformar para consolidar un esquema que evite y sancione el uso de recursos públicos con fines electorales.

La sociedad civil y los gobiernos anteriores, con sus resistencias, fueron capaces de construir los cimientos institucionales para cerrar las brechas que permiten a los gobiernos utilizar los recursos y los programas para buscar ventajas electorales.

Es en ese contexto en el que debe analizarse el llamado de Morena y sus autoridades a “achicar” o desaparecer las instituciones autónomas diseñadas para evitar, como lo mandata la Constitución, que el poder presidencial se desborde.

No, la sociedad empoderada de su democracia no puede aceptar que un poder se vigile a sí mismo, porque eso es contrario a los principios democráticos, es ir en reversa de su propia historia. Argumentar que una institución autónoma como el Instituto Nacional de Transparencia puede ser sustituido por un funcionario subordinado al Ejecutivo federal es contrario al equilibrio de poderes, como igualmente lo es el ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral, que tantas luchas costó construirlo para tener comicios confiables. Ni se diga del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Una cosa, querida lectora y lector, que no podemos olvidar es que lo que nos dará continuidad como democracia son las instituciones, no la voluntad de un gobernante, cualquiera que sea el partido del cual provenga. Cuando un personaje busca el poder por el poder mismo, bajo el sofisma de redimir a los desposeídos, y para hacerlo le estorba la legalidad, entonces la democracia y sus instituciones corren riesgo.

Reflejémonos en los lamentables sucesos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos. El llamado del saliente Trump, incitando a la separación, diciendo mentiras, es, en los hechos, una proclama a desconocer el Estado de derecho, algo que era impensable en la democracia vecina.

Mike Pence, el vicepresidente que fue exhortado por Trump a desconocer los resultados en el recuento en el Capitolio, le dijo públicamente que no. Por una razón, reconoció que la Constitución no lo facultaba y optó por la democracia, no por la obediencia ciega; por la continuidad de ésta, no por su desmantelamiento.

Esto, debe entenderse, es la consecuencia de una causa llamada populismo, que al final deja una estela de desastres en la estructura del gobierno y un sentimiento social de separación y odio. No se alivia la pobreza estructuralmente y se suele ahondar la brecha social. Los pueblos, a veces, suelen ser víctimas de sí mismos.

Gracias a los conflictos internos de Morena en la elección de sus candidatos a diversos gobiernos estatales pudimos tener un acercamiento a la forma como estas autoridades, como las del pasado, usan los recursos y programas sociales con el fin de obtener más poder.

Claudia Yáñez, candidata al gobierno de Colima, renunció a su movimiento y acusó que los “superdelegados” —como se dijo desde el principio— tienen el apoyo estructural.

Su correligionario, el senador y aspirante al gobierno de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, acusó al coordinador de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de interferir en la designación de candidatos, contra la promesa presidencial.

Su compañero de escaño, Cristóbal Arias, no fue nominado al gobierno de Michoacán, y acusó influencias indebidas de Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del Presidente, de quien, dijo a los medios, encabeza una mafia política y recibió sobornos de Odebrecht.

Y qué decir de las acusaciones contra el candidato de Morena a Guerrero, sobre un probable delito sexual.

Por sus frutos los conoceréis.

 

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