¿Palomas mensajeras a la Corte?

El pasado miércoles 3 de abril, el presidente informó a través de sus redes sociales que se había reunido con el senador Ricardo Monreal a desayunar chilaquiles. Un día después, conversó con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y reiteró que existía “un ambiente excepcional caracterizado por la amistad, cooperación y respeto a la división y equilibrio de poderes”.

Ese mismo día, el senador Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 ministros.

Según la iniciativa, el objetivo de la reforma sería crear una Tercera Sala en la Corte especializada en el combate a la corrupción. Sin embargo, como bien se sabe, en el diseño constitucional de una democracia, importan mucho más las consecuencias que las supuestas intenciones detrás de las reformas. ¿Ampliar la corte es una buena forma de combatir la corrupción?

No, pero sucede que aumentar el tamaño de la corte o tribunal supremo del Poder Judicial es una de las estrategias más conocidas con las que diversos mandatarios, que ya cuentan con mayorías legislativas, han tratado de aumentar su influencia en la toma de decisiones judiciales y el control de constitucionalidad: es decir, sobrecargar a las cortes en su favor.

Destacan casos como el intento de Roosevelt en Estados Unidos en 1937, Menem en Argentina en 1990, Chávez en Venezuela, y gobiernos recientes de Turquía, Hungría y Polonia.

En general, en una democracia constitucional bajo el régimen de separación o división de poderes, a cada Legislatura y/o Ejecutivo le corresponde designar sólo a cierto número de ministros de la Suprema Corte. De este modo, los jueces designados por la legislatura actual se vuelven árbitros y vigilantes de la constitucionalidad de los actos de gobiernos o legislaturas futuras.

Por ello, entre otras cosas, al Poder Judicial se le considera como una especie de poder contra mayoritario. Es evidente que cualquier mandatario preferiría contar, no sólo con mayorías legislativas, sino con una corte afín a sus intereses, pero esto iría, justamente, contra los equilibrios fundamentales de un régimen de separación de poderes.

Bajo el marco constitucional vigente, al presidente López Obrador le corresponde participar en la designación de tres ministros. Dos de estas designaciones ya ocurrieron y conviven con siete ministros propuestos por presidentes y aprobados por legislaturas previas. Bajo la iniciativa propuesta, durante este sexenio se designarían a cinco integrantes más, de modo que el presidente en turno participaría en la designación de ocho de los 16 integrantes de la “renovada” Corte.

El sesgo de la iniciativa es tan evidente que un gran número de expertos han criticado la propuesta por ser notoriamente antidemocrática, porque quebrantaría la independencia del poder judicial y cambiaria la naturaleza de la corte misma.

Ahora bien, si una reforma constitucional para sobrecargar a la corte difícilmente será aprobada por la oposición —a menos, claro, que pretendiera sabotearse a sí misma—, ¿por qué o para qué la presentó un senador como Monreal? Si bien las intenciones de los políticos no son observables, la política comparada y el sentido común sugieren una posibilidad: la iniciativa podría ser una paloma mensajera al Poder Judicial.

¿De qué mensaje estaríamos hablando? La iniciativa misma tiene un mensaje implícito: que el Poder Judicial no está combatiendo debidamente la corrupción dentro y fuera de sus pasillos. Ahora mismo, la Suprema Corte tiene pendiente resolver la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Remuneraciones —elemento clave de la estrategia de austeridad— y pronto podrían recibir impugnaciones sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional y otras tantas reformas legales del nuevo gobierno.

Otra posibilidad es que el objetivo real sea reformar al Consejo de la Judicatura Federal y un largo etcétera. ¿Qué pasará si la Corte no coopera amistosamente con el Ejecutivo? La Suprema Corte es tan joven como nuestra democracia: fue rediseñada apenas en 1994. El nuevo gobierno parece estar poniendo a prueba su autonomía e independencia. ¿Cómo responderá el Poder Judicial?

Académico del CIDE

javier.aparicio@cide.edu.mx