Las concesiones del T-MEC 2.0
En términos generales es difícil argumentar que la nueva versión del tratado es mejor que el TLC vigente
La semana pasada se anunció que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá habían llegado a un nuevo acuerdo para modificar el tratado comercial entre los tres países. Vale la pena recordar que desde noviembre de 2018, los presidentes de los tres países ya habían llegado a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio vigente desde enero de 1994 por el así llamado T-MEC.
La urgencia de llegar a aquel acuerdo tenía que ver, por un lado, con contener la amenaza creíble del presidente Trump por echar atrás el TLC —una de sus promesas de campaña más frecuentes— y, por el otro, con intentar que el Congreso norteamericano saliente pudiera aprobarlo antes de las elecciones intermedias de aquel país. Como escribí en esta misma columna en el año pasado: para el gobierno mexicano saliente “era preferible llegar a un acuerdo, sea cual fuere, que enfrentar la posibilidad de llegar a un “peor acuerdo” entre el gobierno entrante y el de Trump con su nuevo Congreso”.
De hecho, aunque el 19 de junio de este año el Senado mexicano fue el primero en ratificar el T-MEC, este encontró nuevos obstáculos en el nuevo Congreso norteamericano con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. El mismo presidente Trump planteó nuevas exigencias a lo largo del año, al amenazar con imponer aranceles a los productos mexicanos. En todos y cada uno de estos episodios, el gobierno mexicano tuvo que hacer concesiones: primero Peña Nieto con Trump, y después López Obrador tanto con Pelosi como con Trump .
Por ello, en términos generales, es difícil argumentar que la nueva versión del Tratado —mismo que aún está por aprobarse en Estados Unidos y Canadá— es mejor que el TLC vigente. Lo cierto es que este nuevo Tratado es preferible a la cancelación del TLC o a las continuas amenazas arancelarias de Trump. Una ventaja del nuevo acuerdo, por ejemplo, es que se establecen reglas claras para su revisión cada seis años, lo cual es preferible a dejarlo al capricho de presidentes norteamericanos presentes o futuros.
La reforma laboral aprobada en abril de 2019 era uno de los compromisos adquiridos por el nuevo Tratado comercial y una exigencia explícita de la líder demócrata Nancy Pelosi. Pero como la reforma de nuestras leyes laborales no era un compromiso suficiente, el gobierno y el Congreso norteamericano exigieron incluir medidas de cumplimiento y vigilancia de tales reformas.
Desde el punto de vista del gobierno norteamericano, el nuevo Tratado representa ganancias para todas las partes involucradas: el Presidente, ambas Cámaras del Congreso y, sorprendentemente, para los líderes sindicales. Para Trump implica una promesa de campaña cumplida con miras a su reelección, y lograr que sea aprobada por un congreso opositor justo cuando está inmerso en un juicio político.
Para la mayoría demócrata del Congreso es una muestra de que ellos también fueron capaces de capitalizar parte del éxito de la negociación iniciada por Trump, demuestra que no sólo están interesados en enjuiciar al Presidente y, además, pueden presumir algunas de las concesiones mexicanas como triunfos para su base electoral sindicalizada. Los líderes sindicales norteamericanos también pueden presumir que consiguieron concesiones importantes para impedir que más empleos domésticos desaparezcan o emigren a México, primero con la negociación del año pasado, y otra vuelta de tuerca más con la negociación obtenida por los demócratas.
Tras el conflicto entre Estados Unidos y China, México es hoy el principal socio comercial de aquel país. En un escenario de crecimiento nulo en México y desaceleración económica internacional, preservar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá es de la mayor trascendencia. Una eventual cancelación del TLC tendría un impacto económico muy superior a todos los errores del gobierno mexicano en materia económica. En ese sentido, quizás haya valido la pena hacer tantas concesiones. El impacto positivo o negativo del nuevo acuerdo se irá conociendo una vez que se ratifique y eventualmente entre en vigor. Por otro lado, la magnitud del riesgo que se logró evitar al llegar a este acuerdo será más clara una vez que sepamos si Trump consigue la reelección o no: Un mal acuerdo puede ser preferible a un buen pleito de ocho años.