El día después
Poco tardará el gobierno en culpar a las autoridades electorales por la baja participación
El día después de la elección judicial del próximo 1 de junio tendremos un nuevo contendiente para la jornada con más baja participación ciudadana en las últimas décadas. No sólo eso, también tendremos un Poder Judicial menos independiente, más plegado al Ejecutivo y con escasa legitimidad democrática.
Pocos actores políticos han descalificado tanto al Instituto Nacional Electoral, y el sistema electoral en general, como López Obrador. Podría decirse que las reformas electorales de 2008 y 2014 retomaron varias de sus quejas y exigencias tras perder las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. Sin embargo, una vez que llegó al poder, él mismo se encargó de impulsar reformas regresivas tales como el así llamado plan A, el plan B, y el plan C que la presidenta Sheinbaum acabó abrazando e implementando en gran medida.
¿Se ha fortalecido la democracia participativa de 2018 a la fecha? Veamos. La participación en las elecciones constitucionales de 2021 y 2024 no cambiaron significativamente. Por otro lado, la consulta popular del 1 de agosto de 2021 para, supuestamente, traer a cuentas a expresidentes (es un decir) tuvo una participación electoral de sólo 7.1 por ciento de la lista nominal. Un 97.7 % de los votos estuvieron a favor, 1.5 en contra, y 0.7 % fueron votos nulos. La consulta en sí misma era un sinsentido no vinculante, pero la Suprema Corte, presidida entonces por Arturo Zaldívar, optó por conceder el deseo presidencial.
La consulta del 10 de abril de 2022 para revocar el mandato del Presidente (de nuevo, es un decir) tuvo una participación electoral de sólo 17.7 por ciento de la lista nominal. Un 91.8 % de los votos estuvieron de acuerdo con que siguiera en el cargo, 6.4 en contra, y 1.7 % fueron votos nulos. En ambos casos, las tasas más altas de participación se observaron en el sureste del país: Tabasco, Campeche y Chiapas.
Hay quienes dicen que las consultas de 2021 y 2022 fueron un despropósito y un desperdicio de recursos públicos. Otros lo consideraron ejercicios de movilización del oficialismo para preparar el camino de elecciones posteriores.
El domingo sabremos si la elección judicial tiene una participación menor o mayor a la de aquellos ejercicios de consecuencias relativamente poco trascendentes. Sin embargo, sea cual fuere la participación de este domingo, la separación de Poderes y la calidad de nuestra democracia constitucional se verá gravemente lastimada: se removerá completamente a la Suprema Corte, y cientos de jueces más, para dar lugar a candidaturas afines al poder en turno.
Habrá quienes prefieran no participar o anular sus votos porque no quieren avalar o legitimar una reforma que consideran regresiva. Por desgracia, también habrá quienes no participarán porque no tienen mayor interés en un proceso que luce complejo, inútil o quizá poco relevante para sus vidas cotidianas.
No deja de ser paradójico que en 2024 una mayoría abrumadora supuestamente votó por la reforma judicial contenida en el plan C, y que incluso apoyaba la reforma judicial cuando ésta se aprobó en septiembre pasado, pero que, misteriosa y abrumadoramente, no asistirá a votar el 1 de junio. De poco servirá reprocharlo a la oposición cuando esta es minoritaria. Por desgracia, esta elección no sólo debilitará al Poder Judicial: también lastimará la credibilidad del INE y el TEPJF. Poco tardará el gobierno en culpar a las autoridades electorales por la baja participación en un proceso electoral diseñado para tal efecto.
Más adelante, cuando se acerquen las próximas elecciones constitucionales, los partidos de oposición intentarán convocar, ahora sí, a la participación masiva. Tendrán que hacer el ejercicio opuesto al de ahora: intentar persuadir al electorado de que vale la pena dar la batalla en las urnas, aunque el partido gobernante luzca invencible y la cancha aún más dispareja que antes.
Es justo así como se debilitan o desmantelan las democracias en tiempos recientes: debilitando la arena electoral, la credibilidad de los árbitros —no olvidemos que el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial—, y facilitando la discrecionalidad del Ejecutivo.