¿Designaciones o elecciones?

Curiosamente, en algunos países se vota por jueces y el tema ha sido estudiado teórica y empíricamente en las ciencias sociales. Al elegir jueces, ¿se busca identificar habilidades técnicas o habilidades políticas? Un perfil técnico requiere una evaluación curricular cuidadosa, entrevistas especializadas y quizás comparecencias. Un perfil más político puede conseguirse mediante una votación abierta. Cuando los jueces son designados por el Legislativo, es más probable que representen las preferencias de la coalición que los designa. De ahí la importancia de la renovación escalonada y de que cuenten con el consenso o la aprobación de una mayoría legislativa lo más amplia posible.

Por otro lado, cuando los jueces son designados mediante el voto popular, el mecanismo de selección puede favorecer a aspirantes con atributos distintos a las capacidades que se esperan de ciertos cargos: algunos precandidatos a jueces pueden ser más conocidos que otros, algunos tendrán más recursos para gastar en sus campañas, etcétera. Y, sea cual fuere la forma de designación original, su desempeño en el cargo puede estar influenciado por los incentivos que existan para reelegirse o bien evitar ser removido.

Volvamos al caso de los consejeros. De acuerdo con el marco constitucional vigente, el próximo año se renovarán cuatro integrantes del Consejo General del INE, incluyendo a su consejero presidente, y hace dos años se designaron cuatro integrantes más. Esto quiere decir que, a lo largo del presente sexenio, dos Legislaturas con clara mayoría morenista podrán designar a ocho de once consejeros del INE: ninguno de ellos podría ser designado sin el voto de la bancada mayoritaria. ¿Acaso tales designaciones no son suficientes para dotar de una mayor “vocación democrática” e “independencia” a un instituto que, según el Presidente, actualmente carece de tales atributos?

Tanto el INE como el Tribunal Electoral son renovados de manera parcial o escalonada. Esto permite que no sean las preferencias de una sola Legislatura, o bien las mayorías de un solo momento dado, las que designen o se permeen en órganos cuya independencia y autonomía son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia constitucional. ¿Cuánta independencia o autonomía podría esperarse si estos cuerpos colegiados se renovaran totalmente al inicio de cada sexenio?

Al igual que ha sucedido con las cortes o tribunales de otros países en la región, cambiar la integración total, o bien cambiar radicalmente las reglas para la designación de un órgano electoral, es una buena forma de hacerse de un árbitro electoral relativamente alineado con los intereses del gobierno en turno: el borrón y cuenta nueva es una estrategia conocida para hacerse de árbitros o tribunales a modo.

Sin duda, designar a representantes y servidores públicos mediante el voto popular tiene virtudes: la legitimidad del voto directo no es trivial ni debe menospreciarse. De hecho, valdría la pena preguntarnos por qué son tan pocos los servidores públicos que se eligen mediante el voto popular y por qué son tantos los que se designan directa o indirectamente por los gobernantes. ¿Por qué no votamos por el fiscal General de la República o por los miembros del gabinete? ¿Por qué no aplicamos una revocación de mandato en el Conacyt? ¿Por qué no votamos si se mantienen o no los subsidios a las gasolinas? El pueblo pone y el pueblo quita, sólo algunas veces.