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Consulta sesgada

Javier Aparicio

Javier Aparicio

Por principio de cuentas, está la cuestión general de si vale la pena someter a consulta pública un proyecto de obra pública de gran aliento. Es posible que, en algunas circunstancias, a pesar de sus costos o desventajas, sí valga la pena hacerlo —tal y como he argumentado en otras columnas sobre democracia directa.

En segundo lugar, está la cuestión de fondo de la particular consulta que hoy inicia: si vale la pena someter a consulta un proyecto que ya está en marcha, con los problemas o vicios de origen que éste pueda tener, frente a una alternativa pobremente definida o quizás hasta inviable. ¿Puede un ciudadano, con la mejor de sus capacidades e intenciones, decidir razonablemente entre una opción quizá mala, pero conocida y en marcha, frente a una alternativa cuya viabilidad, costos o proyecto general le es desconocida en gran medida? ¿Cómo elegir entre un proyecto del gobierno saliente y lo que parece ser el proyecto del empresario favorito del gobierno entrante? ¿Cuál es el costo financiero y político de cancelar un proyecto de este tamaño ya en marcha? Opino que no vale la pena hacerlo, pero reconozco que mi juicio de valor puede diferir del de otras personas.

Por ahora, supongamos, sin conceder, que las dos cuestiones previas se responden afirmativamente. ¿Cómo llevar a cabo esta consulta? Esta pregunta nos lleva, en tercer lugar, a la cuestión de la legalidad. En una democracia constitucional es importante definir varios elementos —para nada triviales— de una consulta popular: ¿Quién redacta la pregunta? ¿Quién la aprueba? ¿Quién organiza la consulta? ¿Cuántos votos la vuelven vinculante? ¿Quién decide si todo se hizo conforme a la ley?

Desde hace varios años, nuestras leyes contemplan un procedimiento específico para realizar consultas populares. Éstas sólo pueden realizarse cada tres años, por el INE, durante la jornada electoral. No cualquiera puede solicitarlo: un presidente en funciones sólo puede iniciar una consulta cada tres años, por ejemplo. La procedencia de la consulta debe ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de aprobarse, el INE garantizaría que todos los electores tengan posibilidad de votar en la consulta, justo como lo hacen en cada elección general. Por último, para que la consulta sea legalmente vinculante, ésta debe contar con la participación de, al menos, 40% del electorado. Y si alguien está inconforme con todo lo anterior, puede recurrir al Tribunal Electoral.

Sin los elementos anteriores, o algo suficientemente parecido, cualquier ejercicio de consulta carecerá de certeza, imparcialidad, transparencia y ese odioso requisito: legalidad. Una consulta no se vuelve vinculante porque sus promotores juren o prometan obedecer el resultado, sino porque tenga el respaldo de una ley que la haga obligatoria. Una consulta al margen de la ley es un mero ejercicio publicitario, sesgado y poco informativo si carece de una metodología seria, y carente de legitimidad para ser considerado un ejercicio democrático.

Pero, nuevamente, supongamos, sin conceder, que la cuestión de la legalidad está salvada. Queda entonces la cuestión de la implementación. Los convocantes de la consulta han dicho que ésta se realizará en 538 municipios del país, los cuales representan a la gran mayoría de la población. A decir de sus voceros, el principal criterio para seleccionar estos municipios y no otros fue considerar a los municipios más poblados del país. Esto es falso, como ha documentado mi colega Sebastián Garrido. Hay más de cien municipios que no están entre los 538 municipios más grandes del país. Y faltan otros tantos que sí lo están.

Pero eso no es todo. Entre los municipios de la consulta están sobrerrepresentadas entidades como Veracruz, Chiapas y Tabasco. Y están subrepresentadas entidades como Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla. Y si consideramos el partido que gobierna esas entidades y municipios, resulta evidente que los 538 municipios de la consulta tienen un sesgo a favor de los lugares donde Morena ganó las elecciones locales este año. No se trata de una muestra representativa del país. Se trata de una consulta levantada primordialmente donde Morena cosechó más votos. ¿Puede llamarse a este ejercicio una consulta democrática? De ninguna manera.

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