La fiebre mundialista opacó el anunció que el 30 de junio hizo Aureliano Hernández, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los diputados: había presentado el viernes anterior 21 denuncias penales.
En el ámbito de la fiscalización presupuestal, tocar a la puerta del ministerio público para que se abra una investigación por presunto daño al erario significa que estamos ante hechos graves de posible corrupción. De manera que la noticia fue bien recibida por los diputados de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización este martes, durante la entrega de los primeros resultados de la Cuenta Pública 2025.
Y como su antecesor jamás habló de auditorías forenses —como se nombra a los casos con implicaciones penales— la intención de Hernández de castigar el fraude al erario suena bien. El auditor dijo que las denuncias se dieron gracias a la reforma en materia de fiscalización que el Congreso aprobó en mayo, pero no quiso precisar quiénes y cómo se cometieron las operaciones detectadas.
Argumentando que debía cuidar el debido proceso, Aureliano Hernández nos remitió a revisar la Cuenta Pública 2025, donde la lista actualizada de las denuncias penales contenía las 21 que él presentó. El documento del nuevo auditor superior no incluyó, todavía ninguna revisión de la actual administración pública federal ni de las controvertidas obras del sexenio anterior.
Y si bien la ASF tendrá dos entregas más de la Cuenta Pública 2025, en octubre y en febrero de 2027, llama la atención que la prioridad mediática en esta primera sea el escudriñamiento del pasado inmediato.
Se trata de 21 denuncias en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Talleres Gráficos de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el estado de Nayarit y los municipios mexiquenses de Valle de Bravo y Donato Guerra; así como el potosino de Matehuala; Alvarado, Veracruz, y Maravatío, SLP.
El auditor dijo que los casos superan los 600 millones de pesos y, según se detalla en el documento, 10 denuncias corresponden al ejercicio presupuestal de 2021; nueve al de 2024, una al 2020 y otra a 2023.
Aunque la lista incluye a dos instituciones del ámbito federal, con desfalcos de casi 122 millones en Cofepris y 60 millones en Talleres Gráficos de México, una vez más, como lo hacía David Colmenares, el reflector se concentra en gobiernos locales.
“La ASF determinó que hay una falta de mecanismos de control y supervisión en el pago de los recursos a los municipios. Al ser un rubro esencial para el federalismo, los diputados pondremos especial atención en su revisión”, declaró el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano (Morena).
Sin embargo, también un representante del partido gobernante, el diputado Arturo Roberto Hernández, surgió la petición de que “se diseñen estrategias a fin de proteger en territorio a los auditores en zonas controladas por el crimen organizado, para que los correspondientes ejecutores del gasto no se queden exentos de la fiscalización”.
Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez reclamó auditorías que indaguen cómo se ejerce el gasto en Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán Quintana Roo, Guerrero y de manera especial en Sinaloa, entidades, dijo, señaladas por el Departamento de Estado de EU como probables narco gobiernos.
De manera que el saque mediático del auditor superior, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, palidece frente al desafío del elefante en la sala que es el factor corruptor del crimen organizado. Y, sin embargo, los mecanismos documentados en las 21 auditorías forenses son una señal de alarma de los huecos que el ejercicio presupuestal tiene para la opacidad y el cochupo.
En el expediente de la Cofepris se describen pagos de servicios de los que no hubo evidencia y señalamientos sustentados en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las cuentas de un verificador o dictaminador especializado y su esposa; un gerente ejecutivo y un exsecretario general.
Las observaciones para Nayarit en 2021 muestran que el dinero para la salud sigue siendo malversado con obras de mantenimiento fantasmas en hospitales y clínicas que se quedaron esperando.
Sobresale la auditoria extraordinaria contra la gestión del exalcalde de Alvarado (2018-2021), Bogar Ruiz Rosas, liderazgo de Movimiento Ciudadano, antes del PVEM, con observaciones por 392 millones de pesos, sin que se precise por qué monto fue la denuncia de hace una semana.
El detallado expediente pone en entredicho el manejo de diversos fondos federales para infraestructura y desarrollo local; recursos del Capufe y los que van a los municipios productores de hidrocarburos.
Frente a la farsa del pañuelo blanco del sexenio pasado, éste podría ser apenas un buen principio. Mientras tanto, la parálisis de la FGR en torno a las cacareadas indagaciones sobre los extraditables de Sinaloa confirma que las omisiones persistirán.
Y que las luces seguirán centradas en el manoseo del pasado: Lozoya, Guardería ABC y los secuestradores amnistiados.