La autoridad se descarrila

Lo más probable es que todo termine en la impunidad o, en el mejor de los casos, en el castigo a los empleados de más bajo nivel, pues hasta ahora los gobiernos de Morena no han mostrado voluntad para castigar a los suyos si violan la ley

Los accidentes son imprevistos, pero cuando las desgracias ocurren por algo que se veía venir, entonces estamos ante casos de imprevisión, errores, incompetencia o, lo que es peor, corrupción.

A varios de esos factores, o a todos, se debe lo ocurrido al Ferrocarril Interoceánico, orgullo de la presuntuosa inconsciencia cuatrotera, pues resulta obvio que la obra se echó a andar sin los suficientes y necesarios estudios debido a las urgencias políticas.

Los errores son evitables cuando la supervisión es inexistente, escasa o sin la necesaria calificación, como todo indica que lo fue, pues el expresidente López Obrador se la encargó a su hijito, quien es por completo ajeno a esas tareas técnicas y a otras que ni siquiera requieren preparación.

La incompetencia se refiere a la ignorancia especializada en cierto tema o a la de quien posea un respetable nivel técnico, pero no el adecuado para una obra determinada. Por ejemplo, sería absurdo encargar la elaboración de barcos a un eficiente piloto de aviación. Algo así ocurrió al asignar la construcción del ferrocarril transoceánico ¡a la Marina!

Por supuesto, no es la primera obra que se encomienda a una corporación que tiene otras funciones. En el sexenio pasado, un injustificado temor al golpe de Estado llevó a favorecer con obras y otras prebendas a los cuerpos militares de tierra, mar y aire. El resultado está a la vista: se entregaron las aduanas a los uniformados, pero eso no ha impedido el tráfico de huachicol ni el contrabando de múltiples productos.

En el caso que nos ocupa, hubo desde luego imprevisión al ignorar los previsibles resultados, pero de acuerdo con la información difundida en los medios, estamos ante un funesto acontecimiento debido sobre todo a la corrupción.

En estos tristes días se ha publicado una conversación entre dos contratistas del multicitado ferrocarril, presumiblemente emparentados con la familia de López Obrador, quienes aceptan sin rodeos su culpa, pues uno le dice al otro que debe pagar la mordida o mochada necesaria para que se autorice el empleo de durmientes que no cumplen con las especificaciones. Se trata de salir del paso a como dé lugar, para cobrar los dinerales imaginables, total, “ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo”, le dice uno al otro de los dialogantes.

Por desgracia, ya estamos en eso que en su florido lenguaje, el contratista considera estar “en otro pedo”. Ya hay 13 muertos y un centenar de heridos, familias enteras que han perdido a sus seres queridos, en algunos casos seres que han quedado en la indefensión, una mezcla de tristeza y horror.

Como en otro casos ocurridos bajo los gobiernos cuatroteros, lo más probable es que todo termine en la impunidad o, en el mejor de los casos, en el castigo a los empleados de más bajo nivel, pues hasta ahora los gobiernos de Morena no han mostrado voluntad para castigar a los suyos si violan la ley. Y si alguien lo duda, que le pregunta a Gerardo Fernández Noroña quien pompó el caserón de Tepoztlán que cuesta 12 millones de pesos. O bien, le revise las cuentas de Adán Augusto López Hernández, el opulento líder del Senado, quien percibió la friolera de 74 millones de pesos en un año, y sin sacarse la lotería.

Ahogado el niño, a tapar el pozo, es la consigna de quienes construyen agujeros en los que alguien acabará por caer. Después del siniestro, se anuncia el pago de indemnizaciones a la familia de los muertos y —esperemos— de quienes resultaron con lesiones irreparables. Sí, aunque eso no devuelve la vida a las víctimas funestas ni necesariamente la salud a los sobrevivientes.

Se anuncia también que se encargará a una empresa extranjera el análisis de lo ocurrido y del estado del ferrocarril siniestrado y sus instalaciones. Muy bien, pero eso no servirá para maldita la cosa si ante un resultado adverso el gobierno simplemente rechaza el resultado, como ya ocurrió con el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que ocasionó la muerte de 26 o 27 personas y 80 heridos.

Debe quedar claro que la responsabilidad principal de esta y otras desgracias corresponde a Andrés Manuel López Obrador, pero que todo seguirá pesando sobre el actual gobierno mientras no se ponga en su lugar al caudillo de las desgracias.

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